“Ni quito ni pongo rey, pero sirvo a mi señor”. La frase atribuida al caballero francés Bertrand Du Guesclin bien podría atribuírsele al consejero de Gobernación, Serafín Castellano. Un capitán del PP que sirvió con eficacia a Eduardo Zaplana antes de pasarse al bando de Francisco Camps y que ahora, con el último expresidente de la Generalitat ya borrado de la memoria, servirá con la misma profesionalidad a Alberto Fabra como secretario general del PP a partir del lunes.
Castellano (Benisanó, 1965) es licenciado en Derecho y desde su afiliación a las Nuevas Generaciones del PP en su juventud ascendió pronto en el escalafón de la mano de Eduardo Zaplana. Diputado autonómico desde 1991, el actual consejero de Gobernación de la Generalitat ha tocado prácticamente todos los palos.
El próximo secretario general del PPCV ha sido presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, consejero de Sanidad, de Justicia y Administraciones Públicas, portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, vicesecretario general del PP regional y presidente provincial del PP en Valencia. Casi cinco lustros en los que ha ocupado casi todos los cargos posibles de segunda línea.
Pocos le niegan su capacidad de trabajo y su conocimiento del partido. En su haber está su capacidad para sacar acuerdos adelante en situaciones difíciles. Él fue uno de los muñidores de la reforma del Estatut d’Autonomia de 2006, él ha sido uno de los encargados de acabar con los últimos rescoldos del regionalismo de Unión Valenciana y él ha sido uno de los encargados de desactivar conflictos como la rebelión de las bandas de música, que a la anterior consejera de Cultura, Trini Miró, se le había podrido en las manos.
En su haber tiene la capacidad de negociación, en su debe, las irregularidadaes del caso Taroncher
El consejero de Gobernación ha sabido, además, hacer política, aunque fuese en minúscula, cuando sus compañeros de gabinete no tenían ni dinero, ni política.
Las sombras de Castellano tampoco pasan desapercibidas, sobre todo porque son sus propios compañeros de partido quienes se encargan de señalarlas.
Por un lado, a Castellano le hacen corresponsable del boicot que 20 diputados del PP le hicieron a Francisco Camps, al ausentarse de un pleno de las Cortes convocado a propósito por el entonces jefe del Consell en julio de 2004. Situación que provocó una crisis institucional que no le impediría meses después abandonar a Zaplana e integrarse en el equipo de Camps.
El otro borrón es el que afecta a su gestión. Castellano adjudicó con regularidad y durante años obras a la empresa Taroncher y Asociados, con la que mantenía una estrecha vinculación personal. Solo entre 2006 y 2007, Castellano, consejero de Camps, adjudicó a la empresa de su amigo José Miguel Pérez Taroncher contratos menores de obras por importe de 200.000 euros. Sus respectivas esposas son copropietarias de una finca rústica en Valencia.
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