Anticorrupción ve en el ‘caso González’ materia para que investigue la policía

La teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, considera que la información y los datos aportados en la denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) sobre la compraventa del ático que el vicepresidente madrileño, Ignacio González, tiene alquilado en Marbella podrían servir, “en su caso, para una investigación policial”. Esta es una de las aseveraciones que contiene el documento, firmado el 10 de mayo, mediante el cual la fiscalía comunica al SUP el archivo de su denuncia por presuntas irregularidades en la compraventa del ático, al no apreciar indicios para iniciar una investigación penal.

Tras conocer el contenido del documento de la Fiscalía Anticorrupción, el Sindicato Unificado de Policía difundió una nota de prensa en la que mostró su sorpresa porque el ministerio público dijera que podría llevarse a cabo una investigación policial: “Y que no remita esa consideración a la Dirección General de Policía (DGP)”, indica el comunicado del SUP.

Además, el sindicato policial anuncia su intención de remitir la denuncia y toda la documentación incluida en la misma al Ministerio del Interior: “Para que decida si procede iniciar una investigación policial en coherencia con lo señalado por la Fiscalía Anticorrupción”. Además de al ministerio, el SUP reenviará los documentos de la querella a la Agencia Tributaria, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, a los grupos parlamentarios del Senado, y a los parlamentos autonómicos madrileño y andaluz. “El servicio jurídico estudia, además, si procede una denuncia en un juzgado penal y, en su caso, el ámbito territorial donde procedería ser presentada”.

Todas estas iniciativas del SUP se justifican, explica la nota de prensa, por la intención de conocer la identidad del propietario del inmueble de lujo y sus tres plazas de garaje de una urbanización de Marbella valorados en más de un millón de euros, “que tiene alquilado a una empresa extranjera el vicepresidente de la Comunidad de Madrid”. Según el sindicato, no consta propietario en ningún registro y, por lo tanto, “no consta desembolso legal de dicha cantidad de dinero, ni ingreso del exterior si su dueño reside fuera de España”.

La Policía Nacional abrió el verano pasado una investigación “reservada y secreta” para conocer si el ático de casi 500 metros cuadrados de superficie era propiedad de Ignacio González, tal y como consta en informes policiales. Las pesquisas fueron llevadas a cabo por el excomisario de Marbella Agapito Hermes de Dios. El informe, que no había sido inscrito en los archivos de la policía, fue archivado tras el cambio de Gobierno. El propio Agapito Hermes de Dios, que fue objeto de un expediente, fue trasladado inicialmente como comisario al distrito madrileño de Aravaca, para posteriormente anular esta decisión y asignarle el puesto de número dos en Usera.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que inicialmente había negado la existencia de la investigación sobre el patrimonio de González, reconoció finalmente en el Senado que las pesquisas sí se habían producido. Por eso anunció, tras la petición del senador socialista Enrique Cascallana, su intención de explicar la investigación policial, que calificó como “ilegal”.