A mí que me registren

Adelino Santamaría (PP). Alcalde de Borriol. Juzgado por prevaricación. “Yo confío en los técnicos. Si tuviera que leer todo lo que firmo, no haría otra cosa”.

Milagrosa Martínez (PP). Alcaldesa de Novelda y diputada en las Cortes Valencianas. Imputada en el caso Gürtel por cohecho y prevaricación. Exconsejera de Turismo. En su declaración ante el juez desvió hacia los técnicos la responsabilidad de adjudicar a la trama Gürtel el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante su etapa como consejera de Turismo.

Pedro Hernández Mateo (PP). Diputado en las Cortes Valencianas. Exalcalde de Torrevieja. Imputado por prevaricación y falsedad documental tras la adjudicación de la contrata de basuras del municipio de La Vega Baja a un grupo de empresas por 9,7 millones de euros. Hernández Mateo alegó en su defensa que no leía los documentos que firmaba. “Los decretos siempre los mandaba el departamento correspondiente y yo me limitaba a firmar. Yo era el último que firmaba”.

Enrique Crespo (PP). Exalcalde de Manises, exvicepresidente de la Diputación de Valencia,expresidente de Emarsa (entidad encargada de la gestión de las aguas residuales de Valencia de y varios municipios de su área metropolitana). Imputado por malversación de caudales públicos, estafa continuada, delito societario y falsedad documental, aseguró no haber estado “nunca” al tanto de las irregularidades que se cometían en la planta. No conocer a los proveedores de la empresa y no haber dado “nunca” instrucciones para contratar a personas o con empresas.

Jorge Vela (PP). Exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), exdirector de las Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA). Imputado por su supuesta implicación en la gestión de los contratos firmados entre el Instituto Nóos y la Generalitat a través de CACSA. Declaró ante el juez que los acuerdos con Nóos estaban firmados por su antecesor y que se limitó a renovarlos por indicaciones de otros. Vela añadió que seguía indicaciones de Luis Lobón, responsable en esas fechas de los grandes proyectos del Consell. En su comparecencia ante la comisión de las Cortes Valencianas que investiga la quiebra de Caja Mediterráneo (CAM) por su cargo como director del IVF declaró que la responsabilidad sobre las cuentas de la entidad recaía en los gestores “no en los supervisores”.

Por extraño que parezca, estas cinco personas nunca creyeron sentirse incapacitadas para desarrollar su gestión. Al contrario, presumieron de sus méritos, alardearon del respaldo de la sociedad y ningunearon a sus adversarios. Solo cuando se vieron ante un juez se volvieron humildes y se declararon irresponsables. A ellos que les registraran. Nunca habían roto un plato.

En manos de quiénes hemos estado (y estamos).