Pontevedra teme un colapso tras el cierre del asilo

El cierre del asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y la desaparición de las casi 160 plazas que acarrea ha activado la alarma en el Ayuntamiento de Pontevedra, que teme un desborde en las solicitudes de dependencia de familiares de internos que quieran optar a plazas públicas. “Estamos solos, no tenemos apoyos”, aseguró ayer la concejal de Servizos Sociais, Carmen Fouces, que estima que el Ayuntamiento no tiene medios ni competencias para un posible aluvión de solicitudes. La Xunta niega que la situación sea grave y afirma que las monjas se han comprometido a reubicar a todos los residentes.

El cierre del asilo ha vuelto a poner de relieve la carencia de plazas públicas para mayores en la ciudad del Lérez, solo 98 en la residencia del barrio de Campolongo y únicamente para personas autónomas. Para los dependientes no hay plazas públicas ni privadas, según señaló Fouces.

La edil aseguró que desde el lunes el goteo de familiares que se han acercado al ayuntamiento para preguntar por los trámites es constante, y calcula que si la cifra llega a 50 o 60 personas, los trámites de valoración de la dependencia no se podrán completar hasta septiembre u octubre. La secretaria general de Política Social de la Xunta, Coro Piñeiro, acusa a Fouces de “generar alarma” sin motivo y apunta a que muchos de los usuarios del centro no están en situación de dependencia, que las monjas se han comprometido a reubicarlos y que, en caso de “avalancha”, los equipos de la Xunta en la ciudad “están suficientemente dimensionados” para afrontarla.

Piñeiro señala, por otra parte, que los traslados de los mayores, que empezaron el fin de semana y se produjeron en algún caso de noche y sin avisar a los familiares, según adelantó Diario de Pontevedra, “no constan” a la Administración autonómica, que estima que “todo se está produciendo con normalidad”.

El juicio de la Administración autónomica está en los antípodas del de CC OO, el sindicato que representa a los trabajadores del asilo. “Una institución centenaria desaparece con nocturnidad y alevosía”, protestó el secretario comarcal del sindicato, José Luis García Pedrosa, que censuró a las “poco caritativas hermanitas” por “tratar de desembarazarse de los usuarios como pueden”, y cifra el número de traslados en al menos 48.

Pedrosa acusó a las religiosas de mentir como “bellacas” respecto a los motivos del cierre. Según el sindicato, ni la inversión necesaria para remozar las instalaciones de la residencia es millonaria, ni el descenso de las vocaciones es motivo suficiente para cerrar el centro. Pedrosa señaló, en ese sentido, que además de las 15 monjas hay 50 trabajadores, la mayoría subcontratados a través de la empresa Jacoservi.

“Detrás de esto hay un gran negocio”, criticó Pedrosa, que no dio detalles sobre tal operación y admitió que una recalificación de los terrenos para construir viviendas no es factible por la coyuntura económica y por la negativa del Ayuntamiento a modificar el estatus del suelo, que según el planeamiento debe dedicarse a equipamientos.