La sanidad de los valencianos, de derecho a negocio

La atención sanitaria es una preocupación prioritaria de los ciudadanos. Es un tema fundamental, de amplísima repercusión social, de una importancia difícil de exagerar. En el momento actual, tan confuso en muchos aspectos, la claridad es más necesaria que nunca. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué pasa y por qué. Empieza a resultar ya excesiva la opacidad, las contradicciones constantes, las cortinas de humo y las maniobras de confusión del partido que gobierna y sus representantes, como Fabra, Vela y Rosado, entre otros. Para delimitar responsabilidades, lo que pase en la financiación, planificación y gestión de la sanidad valenciana, es responsabilidad absoluta del actual Consell y de su Presidente, Alberto Fabra, digno sucesor de gentes como Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps. En 1995, el gobierno valenciano en manos del PP tomó la decisión de transformar un derecho en un negocio. El derecho de todos los valencianos a una sanidad pública gratuita, universal y de calidad en el negocio de unos pocos. Para conseguirlo fue adoptando una serie de medidas de forma progresiva, que en esencia han sido reducir los recursos públicos. Por ejemplo, La Fe tenía 1.950 camas en funcionamiento y ahora 900, se ha hecho desaparecer el hospital materno infantil, se reducen plantillas, recursos y servicios. En cambio, se promueve la gestión y planificación de la atención sanitaria por medio de empresas privadas. Ya somos un 25% los valencianos atendidos por empresas privadas (Alzira, Manises, Dénia, Torrevieja y Elx-Crevillent). Pero como el resultado económico no ha sido el previsto para las empresas concesionarias, el Consell bajo el paraguas de la crisis económica anuncia que va a privatizar la gestión de todos los departamentos sanitarios, a través del Plan de Reequilibrio del Sistema Sanitario. La novedad, en comparación con los departamentos sanitarios previamente privatizados, es que las empresas no tendrán que construir los hospitales, ni contratar el personal. Será la Consejería la que ponga las instalaciones y los recursos humanos y las empresas privadas gestionarán el sistema sanitario pagando además un canon por utilizar las instalaciones de la red publica. Esto lo vende el Consell y el PP como un modelo de “eficiencia” al afirmar que van a ahorrar 263 millones de euros en la mejora de la gestión de limpieza, seguridad, telefonía, material sanitario y servicios asistenciales concertados (oxigenoterapia, oncología, hemodiálisis, radioterapia, transporte sanitario y alta tecnología). Esta cifra tiene cuando menos dudosa credibilidad, si se quieren mantener las mismas prestaciones con el mismo nivel de calidad. En el año 2010, según la Sindicatura de Comptes, se gastaron en estas prestaciones 1.414 millones de euros. La conclusión es obvia, los actuales gestores de la sanidad son unos gestores nefastos o los futuros, privados, van a recortar prestaciones que afectarán al área de hostelería de los hospitales y áreas de diagnóstico y terapéutica de las prestaciones externas concertadas. Dice el Consell que va a recibir 180 millones de euros de las empresas concesionarias por canon de utilización de las instalaciones sanitarias. Lo primero que se debe aclarar es en concepto de qué van a cobrar las empresas concesionarias, para poder pagar un canon de 180 millones de euros por la utilización de las instalaciones sanitarias, y aquí solo cabe una explicación: cobrará por dos conceptos. Uno —cantidad desconocida por ahora— corresponderá a un porcentaje por cada ciudadano con derecho a prestación sanitaria de cada uno de los departamentos sanitarios. Dos, puesto que la empresa paga un canon por utilización de las instalaciones, podrá atender en ellas a quien quiera, ciudadanos con seguros privados. Es decir, con este acuerdo el PP pone en manos privadas los recursos estructurales y técnicos de la red pública, sin que éstas hayan tenido que pagar nada por ellas. Lo mismo que Alzira, Manises, etc., pero sin que las empresas tengan que invertir previamente en la construcción de hospitales ni centros de salud, y además podría ocurrir que en una misma instalación sanitaria de propiedad pública se atendieran dos grupos de población, unos con derecho a las prestaciones del Sistema Público de Salud y otros que además dispondrán de un seguro privado complementario. El Consell negará esto y negará que se puedan producir diferencias de trato, pero también dijo que La Fe sería de gestión pública y ahora la gestión va a ser privada. Ha perdido toda credibilidad. Por último, existe el problema de los recursos humanos. En la Consejería de Sanidad trabajan 45.835 personas, de las cuales el 45.8% son estatutarios interinos y el 0,04% laborales interinos. Dice el Plan de Reequilibrio que los recursos humanos dependerán del gerente del departamento nombrado por la Consejería de Sanidad, pero que la organización del trabajo será competencia del gerente nombrado por la empresa concesionaria; por lo tanto será ésta la que diga cuántos médicos, enfermeras y resto de personal precisa para dar asistencia y con un colchón de 23.985 interinos podrá elegir a los que quiera y tirar los que les parezca. A los trabajadores con plaza en propiedad, ganada en oposiciones y concursos, con pública y libre concurrencia, en función de mérito y capacidad, según se vayan jubilando por diversas razones, no se cubrirán las plazas. Este es el Plan de Reequilibrio. Lo quieren vender bajo el envoltorio de ahorro económico, cuando lo que encierra es la ruptura del aseguramiento único y público ocultando que se profundizarán las desigualdades entre ciudadanos según su nivel de renta y de salud. Implantar el doble aseguramiento introduce diferencias asistenciales en función de los recursos económicos de cada ciudadano y entrega a las empresas privadas para que hagan negocio los recursos humanos, técnicos y estructurales del Sistema Valenciano de Salud, financiado hasta la fecha con nuestros impuestos y el esfuerzo compartido de diferentes generaciones. En definitiva, rompiendo los principios de equidad y solidaridad que son la última razón de ser del Sistema Sanitario Público.

El ahorro previsto por el

Señor Fabra, podrá realizar las maniobras de confusión que quiera, pero usted ha entregado una cosa de los valencianos, y muy querida, la sanidad pública, a empresas privadas. No para mejorar las prestaciones asistenciales sino para que la empresa privada haga negocio. Pero no se haga ilusiones, más pronto que tarde usted y su partido perderán las elecciones. Habrá hipotecado el futuro de los servicios públicos esenciales y el próximo gobierno deberá restituir en esas condiciones lo que usted les ha arrebatado a los valencianos. Costará, pero los valencianos y valencianas volverán a tener un Sistema Público de Salud universal, coherente, eficaz y de calidad, sin segmentaciones ni intromisiones, al servicio de una sola lógica: la mejor atención de salud para todos y todas, sin distinciones de ninguna clase.

José Mayans y María José Mendoza son médicos. También firman este artículo C. Julián y J. Domene.