Un urbanizador reclama 1,3 millones a Callosa tras renunciar a un PAI
Alega el retraso de más de tres años en su aprobación por parte de Urbanismo
Las empresas Procumasa, SL, propiedad del presidente del Hércules, Valentín Botella, y Marca la Vega, SL, han presentado un contencioso en el juzgado de Elche contra el Ayuntamiento de Callosa de Segura para reclamar la devolución de 1,33 millones que invirtieron tras serle adjudicado un PAI que finalmente renunciaron a urbanizar.
El pleno de Callosa aprobó provisionalmente el 5 de mayo de 2005 el plan parcial y el PAI de la unidad de ejecución de suelo urbano UE-9 y urbanizable SN1-6 y le otorgó la condición de agente urbanizador a ambas mercantiles con un presupuesto de 4,6 millones de euros, más IVA, y un plazo de ejecución de un año.
El acuerdo plenario también recogía la propuesta del urbanizador de adquirir el 10% del excedente del aprovechamiento urbanístico que correspondía al Ayuntamiento por 1,52 millones, de los que un millón debía pagarse en metálico y el resto mediante la construcción de instalaciones deportivas. El urbanizador abonó medio millón y el otro 50% debía hacerlo efectivo tras la aprobación definitiva del PAI por la consejería de Urbanismo.
Pero la comisión territorial de Alicante lo aprobó definitivamente el 18 de enero de 2008, casi tres años después, cuando ya había entrado en vigor la Ley Urbanística Valenciana que exigía destinar el 25% de la edificabilidad del sector a viviendas protegidas. Esta condición, no contenida en la plica presentada por el urbanizador, provocó que solicitaran retasar las cargas. Al no aceptar el Gobierno local la propuesta, Procumasa y Marca La Vega decidieron desistir de la condición de agente urbanizador en diciembre de 2010 y presentaron un contencioso administrativo que reclama la devolución de 1,33 millones más los intereses, una cantidad que incluye los 779.150 euros que habrían entregado a cuenta para la adquisición del aprovechamiento urbanístico que le habría correspondido al Ayuntamiento en el PAI y otros 551.625 euros en concepto de gastos asumidos en su tramitación.
El Gobierno de Callosa de Segura pretende aprobar en el próximo pleno el pago de 1,1 millones de euros. El alcalde de esta localidad, Javier Pérez, del PP, ha decidido redactar una propuesta de convenio urbanístico que incluye la devolución del dinero adelantado en metálico, pero rebaja los gastos a 270.000 euros, cantidad a la que tras aplicarle un 19% entre gastos generales y beneficio industrial del promotor, deja la cifra en 320.689 euros.
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