El Sergas confirma la dimensión del proyecto inicial del hospital de Vigo
Povisa se mantendrá como centro de referencia para la población que lo elija
El Servizo Galego de Saúde (Sergas) confirmó ayer las dimensiones iniciales del nuevo hospital de Vigo en la presentación de su proyecto de urbanización y ejecución a los profesionales del área sanitaria. Nieves Domínguez González, gerente del Sergas, aseguró que el nuevo hospital, como estaba previsto al comienzo de la legislatura, contará con 1.465 camas de hospitalización, 35 salas quirúrgicas, 160 consultas externas y 62 salas de diagnóstico por imagen, indicó que desconocía que existiera ningún problema para la financiación de la obra, “ya que se mantienen todos los plazos según lo previsto”, y anunció que el Hospital Povisa seguirá en el área con una función análoga a la actual.
El concierto con Povisa —el más caro de la sanidad pública española, para una población asignada de 138.000 beneficiarios de la Seguridad Social y prorrogado desde 2010 en espera de otro nuevo— respetará su condición de hospital general de referencia como hasta ahora, aunque para la población que voluntariamente lo elija, y mantendrá sus unidades de referencia para la sanidad pública (quemados, microcirugía, cirugía maxilofacial).
Esta disposición introduce una aparente incoherencia con el proyecto del nuevo hospital, dimensionado inicialmente en los términos que ahora asume el Sergas pero entre cuyos fundamentos para esa dimensión figuraba la consideración de Povisa como hospital complementario del público, cabecera y puerta de entrada única al sistema sanitario del área y que iba a albergar todos los servicios de agudos, incluyendo quemados y las demas especialidades de referencia del hospital privado. El Sergas, según su gerente, está trabajando en perfilar el nuevo concierto para encajar esas aparentes incoherencias.
El proyecto del nuevo hospital, con todo, podrá sufrir “alguna pequeña variación” como consecuencia de la exposición detallada y el intercambio de criterios que suscite en cada uno de los servicios, “pero está terminado y responde plenamente al plan funcional en el que se trabajó”, aseguró Nieves Domínguez. En él se atenderán los procesos diagnósticos y terapéuticos de mayor complejidad, derivando al Hospital Meixoeiro (420 camas) los de complejidad media y baja y los oncológicos, y al Nicolás Peña (120 camas) los pacientes psiquiátricos y sociosanitarios. Domínguez abogó además por trabajar “en nuevas formas de hospitalización” y por potenciar la atención a domicilio.
El Sergas considera que el proyecto presentado ayer desmiente las denuncias de Defensa de la Sanidad Pública sobre la merma de las dimensiones y funciones del nuevo hospital. No obstante, la citada asociación insistió ayer en el “ocurantismo” que ha acompañado todo el proceso en la actual legislatura y en la “anómala forma de financiar” la obra —con fondos que el Estado inyecta en entidades para que los presten a las constructoras y que la Xunta pagará a un alto interés—, que multiplica su coste “y amenaza con hacerla financieramente inviable tras las elecciones autonómicas”.
Por otra parte, tanto Domínguez como la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, volvieron a emplazar ayer al Ayuntamiento de Vigo para que cumpla el convenio que le obliga a realizar las acometidas de luz, agua y otros servicios por importe de cinco millones de euros. El alcalde, Abel Caballero, se resiste por considerar, entre otros aspectos formales como la inexistencia de dotación presupuestaria para el convenio, que lo firmado hace seis años se refería a un hospital público y ahora se está planteando para un “hospital privado”.
Además, una de sus cláusulas del propio convenio establece que será desarrollado “por otros convenios o addendas en los que se irán plasmando sus concreciones y cuantificando sus costes”. En el ayuntamiento no ha entrado ningún documento con ese contenido, ni el proyecto ejecutivo ni el plan de urbanización, “lo que nos lleva a pensar que todo esto —las exigencias al Ayuntamiento— “es una maniobra para ocultar algo, como la falta de financiación”.
“No vamos a permitir el copago”
“Vamos a estar en la calle porque no vamos a permitir el copago”. Así de tajante se mostraba ayer José Manuel Díaz Montero, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras (CC OO) en Galicia, al tiempo que exhibía su bastón para hacer ver que manifestarse no entiende de edad. A su lado, unos 200 jubilados y pensionistas protestaban frente a la Xunta contra “los recortes en sanidad, la paralización de la Ley de Dependencia y el copago farmacéutico”.
Tras una pancarta que reclamaba la “recuperación del poder adquisitivo de las pensiones” estaba Jesús Miguel López, de Narón. De si mismo dice ser “un privilegiado”, pues recibe 1.100 euros de pensión. La otra cara de la moneda es que con ese dinero vive su familia, otras cuatro personas que están desempleadas. “No le dan trabajo a mis hijos y a mi me recortan la pensión, ¿de qué vivimos entonces?”. En Galicia, según el secretario general de CC OO, Xosé Manuel Sánchez Aguión, hay unas 70.000 familias con todos sus miembros en el paro. Esto implica que, en muchos casos, la principal fuente de ingresos sea la pensión de las personas mayores. Una cuantía media —776 euros— que, además, es inferior en casi un 20% a la del resto del Estado.
Cuando comenzó a trabajar con 11 años, Susana Triñanes, de O Grove, no se imaginaba que algún día habría un sistema de seguridad social. “Para cuando llegó, yo ya estaba estropeada”. Si bien su pensión de 500 euros le da para pagar los medicamentos, se resiste a ver mermadas las conquistas sociales. También Luisa Álvarez. “Que nos quiten aquello que habíamos recuperado, a base de lucha, de un carpetazo y para dárselo a los banqueros me duele en la vida”. Y critica el pago del 10% de los fármacos, que va a resarcir el aumento del 1% en las pensiones. Haciendo coro, un grupo de jubilados del antiguo Astano aunaron sus voces para denunciar la reducción de plantillas en los astilleros.
Lejos de la suspensión propuesta por el Valedor do Pobo, los jubilados que se plantaron en San Caetano defendían la Ley de Dependencia en aras de la protección de los mayores. Pero “con sentido de futuro”, bisbiseaban.
