PSE y PP retiran la mención a la exconsejera Ana Aguirre

La exconsejera vasca de Industria Ana Aguirre no será mencionada finalmente en el dictamen de la comisión del Parlamento autónomo que ha investigado el caso De Miguel, la presunta trama de corrupción por la que están imputados varios ex altos cargos del PNV. El dictamen provisional aprobado por la comisión, que el pleno de la Cámara debatirá y votará el jueves próximo, endurece la responsabilidad de excargos del PNV en la trama y extiende a Aguirre las responsabilidades políticas.

Este cambio acordado por socialistas y populares y una redacción más matizada de las consideraciones finales permitirán la ampliación del consenso en torno al dictamen con la incorporación de Aralar.

Así, el texto se presentará avalado por las firmas de los portavoces de PSE, PP, Aralar y EA, que ha presidido la comisión. El acuerdo llegó en torno a la alegación que el grupo abertzale se había reservado y sobre la que PSE y PP transaccionaron un acuerdo. Que Aralar se sume a las conclusiones tiene una especial relevancia, pues ni siquiera firmó en su día la solicitud de constituir la comisión de investigación. Si los dos parlamentarios del Grupo Mixto que no han podido participar en ella (los de Ezker Anitza y UPyD) la apoyan también en el pleno, el PNV corre el riesgo de quedarse solo en su oposición, como ya le sucedió hace meses con la investigación parlamentaria del caso Margüello (supuestas irregularidades en el anterior Departamento de Sanidad vasco).

La redacción final

El PSE y el PP vienen ahora a dar la razón a Aralar, que no vio correcto personalizar la responsabilidad en Aguirre, a quien la comisión ni siquiera citó a comparecer, lo que sí hizo con Miren Azkarate, responsable de Cultura en el mismo último Gobierno de Juan José Ibarretxe.

Aguirre fue uno de los descartes de la comisión al inicio de sus trabajos, a finales de 2010. EA propuso su comparecencia, que fue rechazada, ya que hacen falta dos grupos para admitir una citación.

Socialistas y populares corrigen así su actuación del pasado 3 de abril, cuando la comisión cerró sus trabajos con la inclusión del nombre de Aguirre gracias a la mayoría que suman. Pese a que ambos grupos mantienen que la exconsejera tuvo responsabilidad política, admiten que fue “un error” atribuírsela sin haber escuchado su testimonio.

También se suaviza ahora el endurecimiento que ambos partidos introdujeron en la última reunión de la comisión sobre los vínculos entre el PNV y los imputados por las supuestas irregularidades.

El texto resulta ahora menos acusatorio y más propositivo, y emplaza a legislar para evitar que se reproduzcan los hechos censurados. Los grupos piden al Gobierno que intensifique los controles sobre el uso de los recursos públicos y remita a la Cámara “una nueva legislación”.

A la comisión parlamentaria le compete solo determinar las responsabilidades políticas, según recuerda el texto, pero afirma que los hechos y conductas puestos de manifiesto y los cargos que pesan sobre los imputados —cerca de una veintena— “trasladan una imagen intolerable y deshonesta de la gestión de los intereses del conjunto de la ciudadanía”.