La presión mediática facilita la suspensión del desahucio de una familia

Suso Fernández y Clara Fervenza consiguieron ayer, tras semanas de presión, que el Banco Popular paralizase su desahucio. Ambos habían pedido una hipoteca de 153.000 euros para comprar una casa en Mos, en el alto de San Cosme, que dejaron de pagar hace dos años porque Suso se quedó en paro.

Gracias a la mediación de la concejala de Bienestar de Vigo, Isaura Abelairas, y de la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, que se pusieron en contacto con la entidad de crédito, el juzgado les comunicó ayer que el desahucio que hoy se tendría que haber producido se pospone hasta dentro de dos meses. La intensa campaña comenzó desde la plataforma Stop Desahucios, que tiene cinco o seis casos similares al de Suso y Clara de otras tantas familias que intentan negociar con las entidades financieras para no tener que marcharse de sus viviendas.

En los dos meses del plazo, el Ayuntamiento de Mos se ha comprometido a que Suso participe en un taller de empleo. Si finalmente consigue trabajo “negociaría de nuevo con el banco para intentar retomar la hipoteca o pedir un alquiler más alto que el social”, asegura él mismo. Autónomo hasta que se quedó sin trabajo, tenía un negocio de barnices y se decidió a cambiar el alquiler de la nave donde había montado su taller, por la que pagaba 900 euros, por una vivienda propia.

Su esposa, ayudante de cocina, cobra 528 euros en un restaurante. Son todos sus ingresos ahora mismo. Tienen dos hijas estudiando y, en el momento en que dejaron de pagar, la cuota de su hipoteca ascendía a 870 euros.

El juzgado ejecutó el embargo de la vivienda, que había sido tasada en 186.000 y que una segunda tasación, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, redujo a 62.000 euros. Por poco más se la adjudicó el Popular, que reclama al matrimonio 104.000 por el impago. El Banco accedió a darles ese nuevo plazo pero no les han entregado nada por escrito. Solo el juzgado les ha comunicado la demora del desahucio.