Los autores del sabotaje denuncian una campaña de criminalización y represión

Segundo comunicado de los autores de la protesta en el metro de Madrid, que el miércoles paralizó 13 convoyes de nueve líneas del suburbano durante unos minutos y causó retrasos en el servicio al tirar de los frenos de emergencia. Los activistas, que bautizaron su "acción" Toma el Metro, se defienden en la nota, que han vuelto a enviar a los medios vía e-mail dos días después de los hechos y de su primer manifiesto. Sostienen que están siendo objeto de una "campaña de criminalización y represión" por parte del Gobierno regional, que está poniendo mucho "empeño en convencer" a la sociedad de que "las personas que participaron van a ser castigadas" con el fin de "atemorizar y avasallar" a todo aquel que esté dispuesto a "disentir".

A su juicio, la "campaña" en su contra supera "todos los límites de la manipulación y el engaño", "con informaciones falsas y no contrastadas y, en ocasiones, roza incluso el chiste". Ayer fueron detenidas tres personas, una mujer de 32 años y dos hombres de 24 y 30, por  desórdenes públicos y amenazas, unas acusaciones que pueden quedar en una multa o convertirse en hasta cinco años de prisión, según se califiquen los hechos. Al margen de la vía penal —Metro de Madrid pide en su denuncia responsabilidades penales por desórdenes públicos—, está la administrativa, que el Gobierno regional también ha emprendido. La Ley de Ordenación del Transporte prohíbe usar "sin causa justificada" los mecanismos de parada y la sanción puede oscilar entre 6.000 y 30.000 euros.

Dos personas siguen detenidas

De los arrestados, el primero —William Andrés C. O., de 24 años y de origen ecuatoriano— fue puesto en libertad con cargos tras pasar nueve horas en la comisaría de Moratalaz de la Brigada de Información, mientras que los otros dos —D. O. P., mujer de 32 años y Fermín N.M, de 30, ambos españoles— han dormido allí y pasarán mañana a disposición del Juzgado de Guardia. La Policía, que sigue trabajando para identificarlos a todos mediante las grabaciones de las cámaras de seguridad, calcula que participaron 50 personas. A las ocho de la tarde se ha convocado una concentración de apoyo a los detenidos en la Puerta del Sol.

Lo que para el Gobierno regional es "una provocación al Estado de Derecho y al respeto de la legalidad", para sus autores es "un acto simbólico de protesta" contra "un auténtico robo del Metro a los madrileños", es decir, la subida de un 11% de media en las tarifas del transporte a partir del 1 de mayo —con un metrobús que se incrementa un 29% y con un viaje al aeropuerto que costará cinco euros, el doble que ahora—. Su objetivo era, según declaran, "manifestar" que no aceptan esta subida y que están "dispuestos a actuar" para defender lo público.

Los activistas actuaron, en contra lo que vienen haciendo grupos como el 15-M o Yo NO Pago, sin convocatoria previa. Pero niegan ser un “grupo organizado y violento”, como sostiene el Gobierno regional, que ayer comparó estos hechos con la violencia callejera de Cataluña o la kale borroka del País Vasco. "No somos vándalos ni saboteadores, somos personas libres y responsables, decididas a no aceptar que se nos siga exprimiendo y robando, y decididas a tomar la iniciativa para frenar este tarifazo, que es una agresión cruel e indefendible", subrayan en el comunicado.

Ante las palabras de Esperanza Aguirre -"No se van a ir de rositas. Este acto no puede quedar impune. Han puesto en peligro la vida de los viajeros "-, las de Cristina Cifuentes —"Se enfrentan a sanciones administrativas y todas las consecuencias que se deriven del Código Penal"—, Regina Plañiol —"A la policía no le va a temblar el pulso y va a actuar con contundencia contra estos grupos antisistema violentos y organizados"— y las de Ignacio González —"Es un acto vandálico y concertado de personas que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos"—, los activistas sostienen que lo que hicieron no es constitutivo de delito, "tan solo un incumplimiento leve del reglamento de Metro". La clave, a su juicio, es que "se llevó a cabo con los trenes parados en los andenes y con las puertas abiertas", por lo que "no supuso el más mínimo peligro para nadie".

Piden disculpas

Consideran "increíble" que se hayan producido detenciones "por hacer sonar la alarma de un tren" y ven "ridículo" que se califique casi de atentado terrorista "a una acción que solo provocó unos minutos de retraso y en la que no hubo ningún tipo de altercado ni la más mínima violencia contra bienes ni personas".  A su juicio, "quienes sí ponen en peligro la vida de los ciudadanos" son los que están "destruyendo derechos, arrebatando la educación, vendiendo el sistema de salud, asfixiando con impuestos sobre la enfermedad", quienes "hacen el despido libre, nos expulsan de nuestras casas para que se las quede el banco" y los que "con sus políticas nos están llevando a la miseria".

En su nota, los manifestantes piden "disculpas a quienes llegaron tres minutos tarde a su destino por causa de esta acción pacifica" y confían en que nadie se crea "las mentiras y las falacias amarillas". "El objetivo de esta acción no era molestar a los viajeros, sino demostrar que somos capaces de reaccionar para defender el derecho al transporte público", reiteran. El comunicado termina reiterando el llamamiento que ya hicieron "a todos los habitantes de Madrid a que tomen la iniciativa y lleven a cabo las acciones que juzguen necesarias" para frenar "este tarifazo".