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El Gobierno regional advierte de sanciones penales por el sabotaje

Aguirre sostiene que "se ha puesto en peligro" la vida de los viajeros

Delegación de Gobierno establecerá "dispositivos de seguridad" para evitar nuevos sabotajes

ATLAS

El Gobierno de Madrid, con Esperanza Aguirre al frente, ha condenado el nuevo método de protesta contra las subidas de tarifas ensayado a primera hora de la mañana en nueve líneas del suburbano y ha cargado las tintas al asegurar que "se ha puesto en peligro la vida de los viajeros". La presidenta regional ha advertido a sus autores de que la Policía los está identificando y "no se van a ir de rositas" y Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno, ha agregado que se enfrentan a "sanciones administrativas y a todas las consecuencias que se deriven del Código Penal". En un paso más, la consejera Regina Plañiol ha dicho que a la policía "no le va a temblar el pulso" y que va a actuar "con contundencia" contra los activistas, a los que considera "grupos antisistema violentos y organizados".

Las consecuencias dependen de cómo sea considerada la acción, que no ha causado altercados ni heridos, tan solo unos minutos de retraso en las líneas afectadas. La policía debe ahora determinar que el sabotaje fue un acto organizado y colectivo, lo que tendría una sanción penal. La otra posibilidad es que sean considerados actos individuales, con lo que quedaría en sanción administrativa.

Entre las 8.28 y las 8.41, un grupo anónimo de activistas ha accionado los frenos de seguridad en 13 convoyes parados de nueve líneas distintas, lo que ha causado demoras de unos pocos minutos que han afectado, según calcula Metro, a unas 8.000 personas. Según ha informado una portavoz de Metro, se ha producido cuando los convoyes estaban parados, de modo que los viajeros solo han notado un ligero retraso. "Metro tiene cámaras en prácticamente todos los vagones y a las 8.25 [la hora de la protesta ha ido bailando durante la mañana] ya estaban identificados tres de los autores", ha informado Aguirre poco después de la protesta, en la rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP regional.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han precisado posteriormente que varios de los implicados en los hechos han sido grabados nítidamente y ahora la Policía trata de identificarles al 100%. Iban, según las mismas fuentes, a cara descubierta. A las siete de la tarde, no se había producido ninguna identificación. Según la Jefatura Superior, el Grupo XXI de la Brigada Provincial de Información está "analizando exhaustivamente" las imágenes de esta acción que consideran "coordinada y muy estudiada". "Este acto no puede quedar impune, no se van a ir de rositas. Tenemos la suerte de tener una delegada del Gobierno [Cristina Cifuentes] que cree en la ley y en su cumplimiento. Estos individuos han puesto en peligro la vida de los viajeros y han cuestionado el servicio de metro, uno de los mejores del mundo", ha sostenido.

Una sanción administrativa o incluso penal

La delegada, también presente en el Comité de Dirección que se ha celebrado a las nueve de la mañana en la sede del PP en Génova, se ha mostrado prudente y se ha limitado a decir que se estaban iniciando las investigaciones. Horas después, Delegación del Gobierno ha difundido unas declaraciones de condena de Cifuentes, en las que sentencia que la acción ha sido "coordinada". “Es una acción absolutamente reprobable, ha causado trastornos graves al funcionamiento de un transporte público tan esencial como es el Metro, y además en una hora de gran afluencia de viajeros, afectando a un número de entre 8.000 y 10.000 personas”, ha subrayado, para añadir que la denuncia de Metro se ha registrado en la Brigada de Información Ciudadana de Moratalaz.

“Los autores no solo se enfrentan a unas sanciones administrativas que se derivan del propio reglamento de viajeros de Metro y de la Ley Orgánica de Protección Ciudadana, también se enfrentan a todas las consecuencias que se deriven del Código Penal", ha reiterado". Preguntada al respecto, una portavoz de Metro ha precisado que no existe un baremos para las sanciones. Si fuera vandalismo, como saltarse el torno, se abre expediente al infractor y se remite al Consorcio Regional de Transportes, que es quien establece la cuantía de la multa con la Ley de Ordenación del Transporte en la mano. Dicha norma prohíbe usar "sin causa justificada" los mecanismos de paradas de los trenes. Una portavoz de Metro ha asegurado que las sanciones pueden oscilar entre 6.000 y 30.000 euros "dependiendo de cómo se consideren los hechos".

Ante el anuncio del grupo responsable de la protesta, bautizada Toma el metro, de que esta es solo la primera de sus acciones, Cifuentes ha anunciado que se van a establecer dispositivos de seguridad adecuados, en colaboración con Metro de Madrid, para evitar que se puedan repetir unos hechos tan lamentables como estos”. Cifuentes no ha precisado cómo piensa controlar el metro, que tiene 12 líneas, más de 300 paradas y que funciona de seis de la mañana a dos de la madrugada.

La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "actuarán con contundencia y no les temblará el pulso" para detener a los saboteadores del Metro si es necesario, informa Europa Press. Según Plañiol, los sabotajes han sido practicados por "grupos antisistema violentos y organizados que sólo pretenden llamar la atención perjudicando el interés público y legítimo de todos los madrileños que tienen derecho a la utilización libre de este servicio público como el Metro".

Por su parte, el responsable de Seguridad de Metro, Javier García Cardiñanos, ha apuntado a Efe que no se puede comparar una "acción coordinada y sincronizada por al menos 13 personas para parar un servicio público" con una "acción aislada de un vándalo". El jefe de Seguridad ha subrayado que que "nunca había pasado" en el metro madrileño que se "utilice un sistema de seguridad para parar un servicio que utilizan dos millones de personas al día".

Esta protesta, no anunciada ni convocada, se produce en un contexto de fuerte subida de las tarifas del transporte, que a partir del 1 de mayo subrirán una media del 11%. El sábado, casi un millar de personas (unas 5.000, según los organizadores) se manifestaron entre la plaza de Cibeles y el cruce de Alcalá con la Puerta del Sol contra la medida y un día antes, el viernes, el movimiento Yo NO pago intentó, por tercera vez, colarse en grupo en el metro sin pagar. Un fuerte dispositivo policial impidió el acto simbólico. En vísperas de la marcha convocada por sindicatos, consumidores y partidos políticos contra el tarifazo, Aguirre la consideró "lógica".

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