El PP admite que la contaminación “es un problema para todos”

La oposición municipal ha forzado esta mañana la celebración de un pleno extraordinario sobre el problema de la contaminación en la ciudad de Madrid, que se celebrará previsiblemente el próximo 10 de mayo. El PSM (15 concejales), IU (seis) y UPyD (cinco) han presentado esta mañana una solicitud para su convocatoria, en la que han incluido además algunas de las medidas que pretenden que el Gobierno local (PP, 31 ediles) incluya en el Plan de Calidad del Aire impulsado hace unas semanas sin que, en su opinión, “haya existido debate suficiente”. “La calidad del aire en Madrid es mejorable, no ha dejado de ser un problema para todos pero no ha empeorado sino todo lo contrario”, ha admitido hoy el PP.

Según explica la oposición en su solicitud, esta falta de diálogo no se limita solo a los grupos municipales sino también a “colegios profesionales, científicos y organizaciones sociales”. En su opinión, el Plan de Calidad del Aire diseñado por el Gobierno local “no es el más adecuado para reducir” “los altos niveles de contaminación que se vienen registrando en los últimos dos años en Madrid”.

El Ejecutivo local sancionó en febrero un plan con 70 medidas y el horizonte de 2015, que aún está pendiente de su aprobación definitiva. Además de ser un compromiso con los madrileños, lo es con la Unión Europea, puesto que es imprescindible para obtener una prórroga de cinco años que permita a la capital cumplir con los niveles de contaminación exigidos por la normativa comunitaria y evitar así sanciones. A día de hoy, y desde hace años ya, se sobrepasan esos límites en lo que se refiere a óxidos nitrosos, debidos principalmente al tráfico de vehículos diésel.

Los grupos de la oposición han consensuado 16 medidas que aspiran a incluir en la política municipal de calidad del aire, entre las que destacan: mejorar el sistema de medición de la contaminación y de las alertas a los ciudadanos; promocionar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado “mediante la racionalización y disuasión”; acometer nuevas peatonalizaciones y áreas de prioridad residencial; poner en marcha un servicio de alquiler municipal de bicicletas (e impulsar las eléctricas); fomentar el uso de combustibles no contaminantes en los edificios y vehículos municipales, y en los taxis; promover planes de movilidad en las empresas privadas; reducir las plazas de aparcamiento en la almendra central; y hacer más parques.

En opinión del líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, son actuaciones que “exigen coraje político y no mucho dinero”, y que sobre todo “tienen una relación muy directa con el tráfico rodado”. Confía el portavoz socialista en poder llegar a acuerdos conjuntos, teniendo en cuenta el precedente a su juicio positivo del consenso alcanzado por todos los grupos de la oposición en exigir en marzo al Ayuntamiento una actuación decidida en la Cañada Real: “Al poco tiempo se empezaron a tomar medidas”. Siendo eso así, los últimos avances en esta materia han tenido más que ver con el calendario impuesto por la Comunidad de Madrid que por la presión de la oposición municipal.

La concejal de IU Milagros Hernández ha reivindicado en particular “el corte al tráfico de determinadas calles” y la reubicación de las estaciones de contaminación para lograr “una medición real”, puesto que en su opinión “es un escándalo que se encuentren donde hay parques”. Por su parte, el líder municipal de UPyD, David Ortega, ha incidido en la importancia de hacer “una oposición responsable en temas que afectan a la salud de las personas, sobre todo a mayores y menores”. “Que haya un debate sobre este tema prioritario es una obligación no solo política sino también moral”, ha añadido.

Ortega se ha preguntado si la reciente subida de tarifas aprobada por el Consorcio Regional de Transportes (controlado por el PP) perjudicará a la calidad del aire en la ciudad. “No parece que el tarifazo vaya en la dirección de apostar por el transporte público”, ha secundado luego Lissavetzky. Les ha respondido el portavoz municipal del Partido Popular, Pedro Calvo: “El ajuste [de precios] busca recuperar el equilibrio en la estructura de costes que habíamos perdido en los últimos años, pasando de una relación 60-40 [lo que pagan los ciudadanos mediante impuestos, y lo que pagan los usuarios con las tarifas] a una más parecida al 50-50”. “Para que el transporte público sea viable es necesario ese equilibrio, y creo que lo hemos hecho con acierto; aunque en este momento ningún ajuste es satisfactorio para el bolsillo del ciudadano, tampoco la situación del país está como para no hacerlo”, ha añadido Calvo.

Sobre la celebración del pleno extraordinario, ha manifestado su satisfacción porque se pueda celebrar (pese a ser una iniciativa de la oposición que en ningún momento mostró disposición a impulsar el PP). “Todos podremos contrastar opiniones sin caer en el tremendismo”, dijo. “La calidad del aire en Madrid es mejorable, no ha dejado de ser un problema para todos pero no ha empeorado sino todo lo contrario. Lo que ha hecho el Gobierno local es crear una hoja de ruta para mejorarla”, ha apostillado.

En opinión de Calvo, “todas las medidas son discutibles”, aunque “muchas de las que propone la oposición no son nuevas sino una copia de otras que se llevan haciendo ocho años”. Ha puesto como ejemplo la peatonalización del centro de Madrid (que ahora se ha congelado al menos dos años, pese a ser incluida en el nuevo plan de calidad del aire, por falta de presupuesto) y la subida de tarifas del Servicio de Estacionamiento Regulado en esa zona de la ciudad, “donde peor calidad del aire hay”. En su opinión, las críticas contra esta última medida tienen un carácter “demagógico”, al atribuírsele una afán recaudatorio “cuando todos sabemos que, aunque no nos guste pagar, es un elemento disuasorio”.