La Fiscalía Anticorrupción investigará los negocios de Solà

La Fiscalía Anticorrupción investigará los negocios del número dos del Departamento de Cultura, Xavier Solà, con la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La fiscalía ha decidido tomar cartas en el asunto a raíz de las informaciones publicadas por EL PAÍS desde hace casi dos meses. El ministerio público indagará si las presuntas irregularidades detectadas en los negocios de Solà son constitutivas de delito.

El pasado mes de febrero, la Fiscalía de Barcelona inició la investigación en torno a Josep Maria Matas, entonces coordinador general de la Diputación de Barcelona. Matas facturó casi un millón de euros a la entidad municipalista cuando era su secretario general a través de una empresa de su propiedad. La investigación de ese caso ya ha dado sus primeros pasos y la fiscalía había solicitado numerosa documentación tanto a Matas como a la ACM.

A propuesta de la fiscal superior de Cataluña, Teresa Compte, Anticorrupción ha asumido la totalidad del caso, en parte porque los dos investigados son cargos públicos. Cuando se hicieron públicas las primeras diligencias, a finales de febrero, Matas fue destituido. En cambio, Solà, mano derecha del consejero Ferran Mascarell en Cultura, permanece por ahora en el cargo. La fiscalía indagará si hubo una utilización fraudulenta de fondos públicos en torno a un organismo, la ACM, caracterizado entre otras cosas por la opacidad de sus cuentas.

La defensa de Ferran Mascarell ha perdido en contundencia con el paso de los días y el conocimiento de los negocios de Solà

Pese a que la fiscalía estrecha el cerco en torno a Solà, el Gobierno, de momento, lo mantiene en su cargo de secretario general de Cultura. La defensa de Mascarell ha perdido en contundencia con el paso de los días y el conocimiento de los negocios de Solà. Ayer por la mañana el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, desmintió que haya un cambio de criterio del Ejecutivo, que de momento mantiene su confianza en Solà. “Ante este tipo de hechos, lo que tiene que hacer un Gobierno es atender a aquello que pueda ser contrastable, y mientras no se demuestre lo contrario, no hay nada que decir”, señaló Homs.

Unas horas después, al mediodía, Solà, que había asistido a una conferencia de Ferran Mascarell, aseguró que está “tranquilo y encantado de que la fiscalía investigue” su actuación.

Solà aseguró que esperaba la actuación judicial, pero que el debate será “sobre la legalidad de la actuación, no sobre política”. “Mi actuación ha sido legal. Soy claro y transparente. A alguien que viene del mundo del derecho le va bien discutir sobre legalidad”, añadió. El número dos de Mascarell pidió que “nadie presuponga” nada y que se deje actuar a la justicia, y aseguró que el consejero no le ha pedido su dimisión y que “la confianza se renueva con el trabajo de cada día”. Por último, tras varias preguntas de los periodistas, Solà declinó manifestarse sobre si su actuación en la ACM ha sido ética. “No tengo nada más que decir”, zanjó.

Más reacio, en cambio, se mostró el presidente de la ACM, Miquel Buch, a responder sobre la nueva investigación de la fiscalía que salpica a la entidad. Buch, que ayer participó en una reunión del Consejo de Gobiernos Locales en el Parlament, evitó a los periodistas y se negó a referirse a la polémica en torno a Solà. “Preguntadle a él”, se limitó a responder Buch a preguntas de este diario.

La oposición consideró que la investigación de la fiscalía no hace más que agravar la precaria situación de Solà, en entredicho al conocerse sus negocios

La oposición consideró que la investigación de la fiscalía no hace más que agravar la precaria situación de Solà, en entredicho al conocerse sus negocios. Todos los partidos, a excepción de CiU, estrecharon el cerco en torno a Mascarell. Ante la certeza de que Solà no dimitirá, el PSC, el PP, ERC e ICV exigen al consejero que recapacite en la defensa de su número dos y prescinda de él. “Solà debería dimitir, y si no, el consejero debe actuar. Es su secretario general y debe hacerlo por ética política. Su credibilidad está en juego”, lamentó la diputada socialista Consol Prados.

El PP no se quedó atrás en sus exigencias: “Damos un margen al consejero Mascarell para que recapacite, aunque ya tendría que haber tomado alguna decisión, y más después de su comparecencia”, apuntó la diputada popular Alicia Alegret. La oposición recuerda con sabor amargo las explicaciones de Solà en el Parlament, tanto por su falta de concreción como por su tono vehemente. “Ya le dio indicios bastante razonables al consejero para que prescinda de él. Si la fiscalía está investigando, aún tiene más”, reclamó el diputado de ERC Pere Bosch. Cerró Dolors Camats, portavoz de ICV-EUiA: “Mascarell no puede quedarse como si nada, mirando a otro lado. Él dijo que cuando conociera más detalles tomaría una decisión. Le toca hacerlo”.

Las irregularidades de Solà en la ACM se dividen en dos etapas que comprenden una década entera. Por una parte, los años que estuvo como jefe de los servicios jurídicos de la entidad municipalista, cargo que desempeñó entre 2000 y 2007, cuando, entre otras actuaciones, impulsó un catálogo de masías y casas rurales por el que a finales de 2009 cobró 193.000 euros en 65 facturas a través de una empresa comprada para la ocasión. Por otra, entre 2008 y 2010 Solà fue, mientras era concejal de Urbanismo de Vic, director de la Fundación Privada de Vivienda Pública (FPHP), que promovió una frustarda promoción de pisos en Vic.

Información elaborada por Jesús García, José Ángel Montañés, Maiol Roger, Jordi Rovira e Ivanna Vallespín.