Castedo no se atreve ya a poner fecha al PGOU tras 12 años
La alcaldesa de Alicante evita concretar la fecha en la que el documento saldrá por tercera vez a exposición
La consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, aseguró ayer al ser preguntada por el retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante que hay planeamientos cuya tramitación dura incluso seis años. Lo dijo en una ciudad cuyo PGOU lleva 12 años en tramitación y afronta su tercera exposición pública sin fecha prevista. La alcaldesa de Alicante, que en 2010 descartó someter el planeamiento de la ciudad a otra exposición pública, aseguró ayer que “se expondrá las veces que sea necesario” para darle “la mayor transparencia” posible. Castedo, sin embargo, no se atrevió a dar plazos de la nueva fase de alegaciones o de entrada en vigor de este documento que debe sustituir al vigente de 1987.
“Saldrá a exposición pública cuando los informes sectoriales estén”, se limitó a asegurar la alcaldesa al ser preguntada tras la inauguración de la urbanización de Vistahermosa-Norte.
Bonig asegura que acatarán el fallo
Bonig y Castedo fueron preguntadas por el impacto que el caso Brugal, una de cuyas ramas investiga el supuesto amaño del planeamiento de Alicante en favor del promotor Enrique Ortiz, en los tiempos de tramitación del PGOU. La consejera aseguró que “mientras no haya un pronunciamiento judicial ni el juez diga nada de medida cautelar, se seguirá tramitando”.
La titular de Infraestructuras remarcó que el proceso judicial y la tramitación administrativa del PGOU son dos procesos distintos que evolucionan cada uno por su lado. “Si después se adopta alguna decisión judicial y se comunica, obviamente la consejería estará a disposición de las resoluciones que adopten los tribunales de justicia”, aseguró Bonig. La consejera, en cualquier caso, dejó claro que mientras esto no ocurra, el plan sigue su proceso administrativo: “De momento ha entrado en los servicios territoriales de la consejería para su estudio y la elaboración de los distintos informes sectoriales y la obligación de la Administración es tramitarlo con arreglo a la ley”. Bonig remató recordando que un PGOU es el instrumento “más importante y potente” para el desarrollo de una ciudad.
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