El Tribunal Superior estudia imputar por prevaricación a Henríquez de Luna

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha declarado competente para tramitar una querella contra el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna Losada, por un presunto delito de prevaricación al haber dejado sin resolver un expediente de licencia de obras de una finca en la calle del Pilar de Zaragoza, de Madrid, cuando era concejal del distrito de Salamanca.

El TSJM está a la espera de que un juez de Madrid le remita todas las actuaciones sobre la causa para decidir sobre la imputación y, en su caso, nombrar un juez instructor. “Tengo la conciencia muy tranquila porque actuamos en defensa de los vecinos del barrio de La Guindalera, que se oponían a la obra, con el respaldo tanto de PSOE como de IU”, aseguró por su parte a este diario Henríquez de Luna, que ya fue imputado, y salió indemne, por un supuesto delito de tráfico de influencias en el llamado caso Becara, también relacionado con la tramitación de licencias.

En junio de 2011, el juez de Instrucción número 29 de Madrid, Pedro Antonio Domínguez, admitió a trámite una querella contra el portavoz y le citó a declarar para el 18 de octubre pasado “en calidad de imputado” en un delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, la defensa del exconcejal adujo que Henríquez de Luna, como diputado a la Asamblea de Madrid, era aforado al TSJM. El juez Domínguez elevó entonces una exposición razonada al Tribunal Superior de Madrid, que ha aceptado la competencia, ha reclamado al juzgado todas las actuaciones y está pendiente de pronunciarse sobre si ratifica la imputación.

La posible imputación de Henríquez de Luna responde a una querella de la inmobiliaria Promatol, SL, que en marzo de 2007 adquirió una finca en el número 59 de la calle del Pilar de Zaragoza de la capital, con la intención de construir un edificio de viviendas de nueva planta. El mismo día de la adquisición, Promatol solicitó la licencia de obras en la junta municipal del distrito y en abril se inició la tramitación. En diciembre de ese año se habían emitido todos los informes técnicos favorables a la concesión de la licencia y en enero de 2008 se emitieron por la junta municipal diversas liquidaciones de tasas que Promatol abonó. En febrero de 2008, se exigió a Promatol la constitución de fianza y depósito para la correcta ejecución de las obras.

Según el escrito de querella, en la página web del Ayuntamiento de Madrid, en el portal sectorial de urbanismo e infraestructuras, al consultar el estado de las licencias apareció una última actualización realizada el 25 de febrero de 2008 en la que decía: “Concejal presidente de la Junta de distrito: conceder”.

Sin embargo, el concejal presidente, a la sazón, Henríquez de Luna, no firmó el decreto “a pesar de contar con todos los informes técnicos favorables a la concesión y a pesar de haberse liquidado las tasas y haberse constituido las fianzas”, según la querella. “El Plan General permitía la obra aunque fuera un error y se comiera buena parte de la acera en una calle estrecha; entendimos que eran más razonables las pretensiones de los vecinos”, alega la voz de Esperanza Aguirre en la Asamblea. “No se contemplaba el retranqueo del edificio como sí ocurría con las edificaciones colindantes; era una aberración urbanística”, recuerda Eustaquio Jiménez, diputado regional socialista que en entonces pertenecía a la junta municipal citada.

Los funcionarios de la junta municipal informaron a Promatol de que la firma de la licencia se encontraba paralizada por las protestas de los vecinos, contrarios a las obras y que exigían la expropiación del local. Por su parte, Henríquez de Luna empezó a manifestar públicamente que entendía a los vecinos que pedían el retranqueo y que tenían razón, pero que el asunto trascendía de las competencias de la junta.

El acta de la sesión que la junta municipal celebró el 25 de marzo de 2008 recoge precisamente el rechazo del barrio al proyecto: “Los vecinos están preocupados porque la solicitud de licencia no plantea el retranqueo del edificio”. La junta mandó una carta a la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, para que estudiara si la situación era “anómala” y viera “si existía alguna posibilidad de poder modificar el retranqueo”. A la espera de una respuesta, Henríquez de Luna suspendió la tramitación de la licencia. La socialista Carmen Sánchez Carazo se mostró “totalmente de acuerdo”. El gerente de la junta de Salamanca, José Fernández, manifestó que si se retranqueaba ese terreno se perdería y no se podría construir nada.

A finales de mayo de 2008, Promatol solicitó que se emitiera un certificado de otorgamiento de licencia de obras para un edificio con 14 estudios, un apartamento, 15 trasteros y garaje. Los funcionarios de la junta respondieron que ellos ya habían actuado y que era el concejal el que se había negado a firmar el visto bueno. La inmobiliaria solicitó una copia del expediente administrativo pero, “con burdos pretextos”, siempre encontraron “el muro infranqueable del despacho del concejal”, sin “dar ni emitir nada”, según los querellantes.

“La junta municipal ha estado a su lado [de los vecinos], muchas veces a riesgo de recibir alguna querella por no firmar una licencia que debería haber firmado de acuerdo con el planeamiento urbanístico”, dijo Henríquez de Luna en la junta del 30 de junio de 2009. “Me arriesgo por defender a los vecinos”, dijo entonces el actual portavoz popular en la Asamblea al socialista Alejandro Inurrieta.

La junta municipal planteó posteriormente a la empresa promotora permutar el suelo de la calle Pilar de Zaragoza por otra parcela en la calle General Ricardos, en Carabanchel. Promatol no se opuso y la negociación pasó a cargo de la división de Urbanismo del Ayuntamiento. Desde entonces “todo ha sido un ir y venir de un organismo a otro” tratando de buscar una solución, argumentan los querellantes, que consideran que “un empecinamiento [el de Henríquez de Luna] ha ocasionado la ruina” de Promatol. Según estos, la deuda con Caja Madrid, financiera de la operación, es de 2,3 millones de euros mientras que el montante total asciende a los 2,5 millones