El PP solo expedientará a imputados en nuevos casos de corrupción

El alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, puede ser el primer dirigente del PP en Galicia en estrenar la norma de su partido en vigor desde hace menos de un mes: su formación política le abrirá un expediente informativo si hoy confirma su imputación el juez de Santiago, tras oír su declaración al ser denunciado por la fiscalía, a instancias de Hacienda, por el impago de 291.000 euros de IVA. Pero a otros cargos públicos del PP gallego, entre ellos varios alcaldes, también implicados en procesos judiciales por delitos dolosos de corrupción o fraude, o incluso que ya cuentan con condenas en firme como el superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, su partido no les inquietará de momento con ningún expediente ni medida disciplinaria.

No tienen efecto retroactivo los nuevos estatutos nacionales del PP que incluyen abrir expediente informativo a todo militante imputado por delitos dolosos o vinculados a sus actividades como cargo público, así como, de forma automática, uno de carácter disciplinario al abrirse juicio oral. Sólo se aplicará la norma “a nuevos imputados”, según un portavoz del partido en Galicia, desde el pasado 18 de febrero, cuando quedaron aprobados los estatutos en su Congreso de Sevilla. Y en el PP gallego “no consta ninguno nuevo” aparte del caso de Conde Roa, pendiente de decisión judicial.

El partido hiberna cualquier medida con imputados “por hechos pasados”, anteriores a febrero, por mucho que estén aún vigentes en los tribunales o incluso ya juzgados. El caso más paradigmático de la clemencia del PP con sus dirigentes es el del dirigente ourensano Rogelio Martínez. Representante institucional en Ourense del Gobierno de Feijóo desde 2009, ya fue condenado en firme ese mismo año por la Audiencia Nacional a devolver el importe de “obras inexistentes” realizadas con fondos europeos cuando era alcalde de Arnoia. Pero ni la Xunta, que lo mantiene como superdelegado, ni su partido tomó medidas contra Martínez. El PP eludió aplicarle su vieja y siempre vigente norma de que todo condenado en firme por un delito doloso o vinculado con su actividad como cargo público sea expulsado del partido.

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Martínez tampoco fue inquietado con ninguna medida al ser ahora imputado penalmente por los mismos hechos. Aunque difícil será para los conservadores mantener por más tiempo la tolerancia con el delegado de la Xunta en Ourense, cuando en fechas próximas tenga que sentarse en el banquillo, acusado de malversación de fondos públicos y falsedad documental por aquellas “obras inexistentes”. Los nuevos estatutos nacionales del PP establecen la apertura automática de un expediente disciplinario, acompañas o no de medidas sancionadoras, al iniciarse el juicio oral contra el afectado. El expediente, que compete al Comité de Derechos y Garantías del PP, puede tardar años en resolverse dado que si el juicio acaba en condena, habrá que esperar a que sea en firme.

Como al alcalde de Santiago, su compañero de partido y regidor en Portas (Pontevedra) desde hace 20 años, Roberto Vázquez, también se enfrenta a los tribunales acusado de defraudar a Hacienda. Ya juzgado en 2010, sus abogados ahora intentan llegar a un acuerdo con la fiscalía para evitar una pena de cuatro años de prisión. El PP sigue de momento sin adoptar ninguna medida disciplinaria con este veterano alcalde. Tampoco hay expediente alguno contra sus regidores de Fisterra y Mazaricos, ambos en libertad provisional con cargos en la Operación Orquesta, la trama de corrupción en la Costa da Morte.