Orange Market conoció el concurso de Fitur antes de ser convocado

Un nuevo informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) desvela que la red Gürtel recibió el pliego de condiciones técnicas de Fitur 2005 antes de que la Generalitat valenciana convocase el correspondiente concurso. De esta manera, Orange Market, que fue la adjudicataria final, pudo adecuarse a la oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos.

Así se desprende de este informe policial, con fecha de 28 de marzo de 2012, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido remitido al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Ceres, encargado de instruir la causa de presunta financiación irregular del PP dentro del conocido como caso Gürtel. En esta misma documentación la Policía sostiene que la persona identificada en documentos incautados a la red como El Príncipe es Felipe Almenar, presidente del grupo constructor Cyes.

Respecto al concurso de la feria, el informe recoge que Rocío Perea, trabajadora desde el año 2004 de varias empresas del grupo de Francisco Correa, recibió un correo electrónico, en fecha 4 y 5 de noviembre de 2004, con documentación relacionada con el evento Fitur de 2005.

El informe se remitió al  juez Ceres del TSJ valenciano el 28 de marzo 

Entre la misma, se hallaba el pliego de condiciones técnicas de la feria que requirió la empresaria Isabel Jordán, también imputada en la causa, y que le fue remitido por Down Town Consulting, una entidad que luego se convirtió en Easy Concept SL. De esta manera, la red obtuvo estas condiciones antes de que se convocase el concurso, "pudiendo de esta manera adecuar Orange Market su oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos", según consta en el informe. Asimismo, consta que Rocío Perea recibió un total de 1.874,30 euros de la Caja B del grupo entre los meses de febrero y abril de 2005, en forma de "gratificaciones" por su participación en la ejecución de los expositores de Fitur 2005 y otros congresos valencianos.

El informe también recoge que Perea se ocupó de transmitir la petición de asesoramiento para definir la fórmula de adjudicación de unos servicios por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, siguiendo las instrucciones de Jordán.

Por estos datos, la Policía mantiene que Perea era "plenamente consciente" de la "fraudulenta" forma de trabajar de la organización, como se ha podido comprobar en los trabajos efectuados al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y cómo esta persona participaba de manera activa en dicha actividad junto con Isabel Jordán.

Isabel Jordán recibió el pliego en correos electrónicos del 4 y 5 de noviembre de 2004

Otro de los puntos del informe de la Udef es la identificación de distintas personas vinculadas a los hechos objeto de la investigación. Y en este sentido, desvela que "a partir de datos objetivos" se "infiere" que la persona designada como El Príncipe, que aportó la cantidad de 200.000 euros a la sociedad Orange Market SL, es Felipe Almenar presidente del grupo Cyes, especializado en obra civil.

Asimismo, cita a Virginia Beltrán, trabajadora de Orange Market, quien participó en el proceso de elaboración y posterior modificación de diversas facturas emitidas por esta empresa, con destino a la sociedad Facsa, una empresa de Castellón vinculada al Grupo Gimeno, en el año 2007, así como en su ulterior envío al administrador único de esta entidad, tras su remisión previa a Pablo Crespo para su aprobación. En concreto, en uno de los correos, Beltrán envió al administrador de Facsa cuatro facturas, y le pidió que le facilitara una dirección de correo ordinario para poder enviarle las originales. El informe también hace referencia a Juan Enrique Sanz, administrador de la mercantil Juan Sanz SL, que participó en el diseño del expositor de la Comunidad Valenciana para Fitur 2009, también adjudicado a Orange Market. La policía señala que por parte de esta sociedad se elaboró, al menos, una factura a Orange Market con conceptos "ficticios" que no se ajustaban a la realidad del servicio inicialmente prestado, previa petición al respecto por parte de Cándido Herrero y que servían de cobertura a las facturas ficticias emitidas por Orange a nombre de la sociedad constructora Enrique Ortiz e Hijos.

Por otro lado, el informe también alude a Isaac Vidal, exdirector de marketing de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), y expone que su nombre figura en un documento en el que se detalla un listado de personas destinatarias de regalos de Navidad. En este listado también figura Salvadora Ibars, exdirectora general de Promoción Institucional de la Comunitat.

La agenda de Pablo Crespo destaca el papel de Pedro García, exdirector de RTVV

La policía también examinó la agenda de Pablo Crespo y, tras ello, determina en su informe que existe una vinculación "directa" de la organización con responsables políticos y cargos públicos del PP de la Comunidad Valenciana, y que hubo correlación entre éstos y la obtención de negocio para la sociedad Orange Market. En esta agenda se plantea la posición previsible en los órganos de gobierno de la Generalitat tras las elecciones autonómicas de 2007, indicando que Víctor Campos, Ricardo Costa y Vicente Rambla estarían en el mismo; y cuáles eran sus objetivos, que pasaban por implicar a los responsables políticos como a Costa en las operaciones, de tal forma que vieran que la consecución de trabajos para Orange Market era también un logro personal de él.

Asimismo, en esta agenda figuraba la intención de infundir tranquilidad sobre operaciones que realizaban en Valencia, entre ellas, la adjudicación de trabajos relacionados con la visita del Papa; y se indicaba que sus perspectivas de futuro pasaban por la obtención de muchos trabajos con el PPCV en forma de actos o acciones. También resaltaba el papel de Pedro García, exdirector de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), en las actividades de organización como persona que hablaba con los responsables políticos.

De esta agenda intervenida también se deduce que la organización relacionaba, por un lado, el conjunto de actos y acciones de comunicación desarroladas para el PP de la Comunidad Valenciana y el coste de las mismas y, por otro, la fórmula de financiación de esos servicios definiendo la deuda viva existente en un momento determinado diferenciando entre "Deuda Final RC", integrada por las cantidades pendientes de pago con origen en actos de partido y acciones de comunicación; y la "Deuda VR", construida a partir de las acciones de comunicación de las campañas electorales.

Respecto a las siglas RC y VR, la Policía señala que la organización de Correa las utilizaba para hacer alusión a la persona encargada del pago de la deuda generada con motivo del montaje de los actos y campañas de comunicación para el PP valenciano. Identifica las primeras siglas con Ricardo Costa, entonces secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, y las segundas con Vicente Rambla, entonces vicepresidente primero del Consell.