Prisión para tres detenidos en la huelga por riesgo de que reincidan

Los graves incidentes ocurridos en el centro de Barcelona durante la huelga general no deben repetirse. Conviene “erradicar” de una vez por todas la “guerrilla urbana” que periódicamente pone la ciudad patas arriba. El mensaje de mano dura del Gobierno catalán ha calado esta vez en jueces y fiscales, que están actuando con contundencia inédita sobre los detenidos. Dos jueces de guardia han dictado prisión provisional para ocho de los 74 arrestados; tres de ellos duermen ya entre rejas con el argumento de que podrían provocar nuevos disturbios en futuras movilizaciones.

En la madrugada del sábado, la juez Carmen García Martínez decretó prisión sin fianza para tres detenidos que la mañana de la huelga participaron en piquetes e interrumpieron el tráfico. Están imputados por desórdenes públicos. En el auto de prisión de uno de ellos, Javier T. O. —activista de 30 años y miembro de la Asamblea del Clot—, la juez razona que existe el riesgo de que vuelva a causar desórdenes en acontecimientos que se celebrarán en Barcelona en las próximas semanas y que, “por su naturaleza, son propicios a actuaciones criminales como las desplegadas por los presentados”.

La juez cita tres eventos del próximo mayo: las manifestaciones por el día de los trabajadores (el día 1), las protestas por la cumbre del Banco Central Europeo (día 3) e incluso posibles altercados por el derbi entre Barça y Espanyol del día 5. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Javier tiene “numerosos antecedentes” policiales y es uno de los imputados por los actos de acoso a diputados frente al Parlament ocurridos el pasado 15 de junio. El cerco de indignados obligó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a acudir al hemiciclo en helicóptero.

El auto recoge que el día de la huelga el imputado “formaba parte de un grupo organizado” que cortó el tráfico en la esquina de las calles de la Independència y Aragó, y cruzó contenedores de basura en la calle, lo que “obligó a los usuarios a realizar maniobras bruscas de frenado”. Javier actuó “con el propósito de alterar la convivencia de la ciudad (...) y producir el máximo deterioro de la convivencia democrática”, añade.

Los otros dos detenidos que el viernes fueron enviados a prisión carecen de antecedentes. Ismael y Daniel tienen 20 años, son estudiantes brillantes de Física en la UB y militan en la Asociación de Estudiantes Progresistas desde hace apenas medio año.

Los abogados critican

Además de desórdenes públicos, la juez atribuye a esos dos estudiantes otros delitos: daños, lesiones y ser “portadores de elementos incendiarios”, según informó ayer el TSJC.

La mayoría de las detenciones se produjeron durante la tarde y la noche del 29-M, después de que el centro de Barcelona se convirtiera en el escenario de una batalla campal entre activistas y andisturbios. Los violentos quemaron casi 300 contenedores y destrozaron comercios y mobiliario urbano. Los tres hombres que han sido enviados a prisión, sin embargo, fueron arrestados por la mañana por participar en piquetes. El viernes, fueron los primeros de una lista de 13 en presentarse ante el juez, y la fiscalía solicitó cárcel para ellos. Los 10 que les siguieron, sin embargo, quedaron en libertad con cargos, con la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días.

Los Mossos d’Esquadra llevaron ayer a otra tanda de detenidos (también 13) ante el juez de guardia, que en esta ocasión era Juan Emilio Vilá Mayo. Según informó el TSJC, el juez dejó en libertad con cargos a ocho personas y dictó prisión provisional —eludible bajo fianza de 4.000 euros en uno de los casos y de 3.000 en el resto— a otras cinco personas. Los jóvenes participaron, presuntamente, en los altercados ocurridos a partir del mediodía en el centro de la ciudad. Se les atribuye la comisión de tres delitos: desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y daños.

En uno de esos autos de prisión provisional, el juez explica que la actuación de Marc M. F. supone una perturbación del orden público, pero matiza que nunca debe tenerse en cuenta ese riesgo “con carácter profiláctico en orden a futuros eventos”. A su juicio, no hay garantías de que el detenido se presente al juicio y por ello decreta prisión bajo fianza de 3.000 euros, además de obligarle a comparecer de forma periódica en el juzgado y de retenerle el pasaporte.

Poco después de que se celebrase la vistilla con los detenidos, estos abonaron la fianza y quedaron en libertad con cargos, informa Natalia Bravo. A lo largo del día, un centenar de personas permanecieron junto a la Ciudad de la Justicia para reclamar la libertad de los detenidos. Los colectivos consideran que los jóvenes fueron detenidos “arbitrariamente con la voluntad política de marcar precedentes para futuras movilizaciones ciudadanas”.

El abogado Jaume Asens considera que “ordenar prisión por lo que uno pueda hacer en el futuro” supone “un retroceso democrático” y cree que la decisión tiene “motivaciones políticas”. Los letrados recuerdan que en otras ocasiones, en circunstancias similares, los detenidos han quedado en libertad con cargos.