Deslegitimación

Las elecciones celebradas el pasado domingo en Asturias y Andalucía fueron formalmente unas elecciones autonómicas, pero materialmente fueron además una suerte de referéndum sobre la política puesta en práctica por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy desde finales de diciembre de 2011.

En cuanto elecciones autonómicas han supuesto un giro a la izquierda, muy considerable en Andalucía, en la que la suma de PSOE e IU supera ampliamente al voto del PP, y también, aunque no de manera tan inequívoca, en Asturias. Se trata, sin duda, de un cambio de importancia en la tendencia que venía expresándose en las urnas en España desde las últimas elecciones autonómicas catalanas en 2010. En estas dos comunidades se ha detenido el avance de la derecha y el deterioro de la izquierda.

Pero más importancia tiene, en mi opinión, la dimensión del resultado electoral en cuanto referéndum sobre la acción del Gobierno. Si el resultado electoral del 25-M hubiera reproducido el del 20-N, sería imposible discutir que las medidas adoptadas por el Gobierno contaban con un apoyo claramente mayoritario de la sociedad española. Tal era el discurso que se estaba poniendo en circulación tanto por el Gobierno como por los medios de comunicación que lo apoyan con base en algunos estudios de opinión publicados en estos tres últimos meses. Tal era el discurso que, a tenor del resultado de las encuestas preelectorales, el Gobierno pensaba que iba a poder mantener tras el 25-M.

Ese discurso ha sido desmentido por el resultado de las urnas. Los ciudadanos asturianos y, sobre todo los andaluces de manera muy mayoritaria, han dicho no a las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy. A pesar del esfuerzo de ocultación de la realidad, ejemplificado con el retraso de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, que no ha permitido que los ciudadanos acudieran a votar con la información con que deberían haber acudido, el rechazo de la acción del Gobierno no deja lugar a dudas.

Si antes del día 25 el Gobierno podía argumentar que hay una mayoría social en el país a favor de su política económica y laboral, hoy ya no puede hacerlo. Tiene una mayoría parlamentaria para toda la legislatura y, en consecuencia, puede seguir avanzando por el mismo camino en que lo ha venido haciendo desde la investidura, ya que los resultados de unas elecciones autonómicas no invalidan los resultados de unas elecciones generales. Pero esos resultados en las elecciones generales los obtuvo para poner en práctica un programa que no es el que presentó a los electores. La primera vez que los ciudadanos han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre el programa que el Gobierno está poniendo en práctica ha sido el 25-M. Y el sentido del voto ciudadano ha sido inequívoco. En dos comunidades autónomas nada más. Pero en dos comunidades que cuentan con casi 10 millones de ciudadanos.

En manos del presidente del Gobierno está atender el resultado de las elecciones del 25-M o desconocerlo y considerar que no tiene por qué rectificar. Si en apenas tres meses y tras un arrollador triunfo electoral y una ausencia de oposición propiamente dicha, ha pasado lo que ha pasado, no es difícil pronosticar lo que puede pasar si se decide avanzar en la misma dirección. El divorcio entre el Gobierno y la opinión pública puede hacerse irreversible. Y en un momento de tantas dificultades como las actuales y como las que se nos vienen encima, el país no va a poder soportar un Gobierno carente de legitimidad social, por mucha que sea su mayoría parlamentaria. El aviso está dado. Veremos si ha sido entendido o no.