La contrarreforma laboral

A estas alturas de la dramática situación económica que vive nuestro país, pocas cosas nos pueden devolver algo de optimismo, y esperanza, sobre todo cuando observamos el proceder del nuevo Gobierno, sustentado eso sí, por una aplastante mayoria absoluta obtenida legítimamente en las últimas elecciones generales, y que lejos de esforzarse con medidas que incentiven el consumo, y la inversión, propiciando la recuperación de nuestra economía, ha concentrado todas sus energías imponiendo a golpe de “rodillo” una agresiva y regresiva reforma laboral, mermando sustancialmente, o eliminando directamente, de la noche a la mañana, los derechos sociales más básicos de los trabajadores, conquistados a lo largo de muchas décadas de lucha, y reivindicaciones.

Es una reforma impuesta, donde no se ha respetado la opinión de los sindicatos, no es cierto que nos encontremos ante la “urgente necesidad” que la Constitución exige para que el Gobierno pueda legislar por “vía de urgencia” del decreto ley, luego convalidado por las Cortes, con los votos del PP y de los grupos nacionalistas.

Ha existido consenso, sí, pero solo entre los poderes financieros (que, no olvidemos, han sido quienes han propiciado esta crisis) y la patronal, prescindiendo de los principales afectados, los trabajadores.

Esta reforma supone una inaceptable recesión de los derechos adquiridos por los trabajadores españoles, y no solo un recorte económico histórico de salarios de tramitación e indemnizaciones por despido, sino que deja abierta la puerta a toda suerte de modificaciones unilaterales por parte del empresario en materias tan sensibles como jornada, salario, movilidad, etc.

El Gobierno ha querido vender la reforma no solo como necesaria (no lo es),  sino además como equilibrada

El Gobierno ha querido vender la reforma no solo como necesaria (no lo es), sino además como equilibrada, entendiendo por equilibrio la potenciación desorbitada del poder empresarial, y el profundo rechazo y olvido a los derechos hasta ahora consolidados y adquiridos de los trabajadores. Esto evidencia cómo el concepto de equilibrio de este Gobierno dista mucho del que tenemos la mayoría de ciudadanos.

Y es que lo que trasciende es que para el Gobierno del PP la culpa de la situación es exclusivamente de los trabajadores, y parece ser también que la idea de “competitividad” de nuestras empresas pasa única y exclusivamente por la necesidad de abaratar costes salariales y despidos. Se demuestra así un confeso e indisimulado alineamiento claro con el poder económico y el autoritarismo empresarial más propio de tiempos pretéritos anteriores a nuestra Transición.

Así lo demuestran los puntos neurálgicos de esta reforma: abaratamiento del despido, descentralización de la negociación colectiva, modelo de contratación con un año de periodo de prueba, posibilidad unilateral de reducción de salarios, y un largo etc.

Somos muchos quienes pensamos, además, que la norma es de dudosa constitucionalidad, pues se renuncia al papel que el artículo 40-2 de la Carta Magna atribuye a los poderes públicos para dirigir una política orientada al pleno empleo, anulando el sistema de control administrativo de los despidos colectivos, y al regular de manera muy cuestionable el despido, imponiendo incluso una cuestionable aplicación retroactiva, aplicando la norma a todos los trabajadores por igual, sin diferenciar los contratados a partir de su entrada en vigor de los que ya lo estaban con anterioridad.

Notable está siendo el esfuerzo de nuestro Gobierno en convencer a los españoles de que la reforma es justa, necesaria, y útil, siendo el camino para la creación de empleo y salir de la crisis. Ello no deja de ser una falacia más, porque el desempleo en nuestro país no es fruto de la legislación laboral que teníamos, ni de los costes del despido.

Es la hora de afirmar alto y claro que no son los trabajadores los causantes de la crisis,  sino la irresponsable actuación de políticos y entidades bancarias y financieras

Es la hora de afirmar alto y claro que no son los trabajadores los causantes de la crisis, sino la irresponsable actuación de políticos y entidades bancarias y financieras, que han dejado sin margen de maniobra a miles de pequeñas y medianas empresas, y trabajadores autónomos de este país, cortándoles el grifo de su financiación, abocándolos a una situación crítica.

Si de verdad, lo que se persigue es una reducción de los costes que ha de asumir el Estado en su conjunto, lejos de auspiciar una reforma laboral como esta, que desgraciadamente no va a propiciar la creación de empleo, ¿por qué no se estudia un recorte drástico en otras áreas, hasta ahora intocables, como por ejemplo el costosísimo gasto de armamento militar y su mantenimiento?

A la clase política, en general, y a los actuales gobernantes en particular habría que pedirles más sensibilidad, y todavía mayor imaginación para que no pague siempre el ciudadano de a pie los platos rotos de esta crisis, que los trabajadores no hemos propiciado.

La huelga general puede y debe ser el inicio de futuras movilizaciones, para que el Gobierno no solo escuche a los trabajadores, sino que asuma también sus propios errores, y dé lugar a sus legítimas revindicaciones (las nuestras, y las de nuestros hijos).

Manuel del Hierro Hernández es abogado.