La Audiencia Nacional para un deslinde de Costas en Vigo

La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la ejecución de la modificación de la línea de ribera del mar en el tramo de Vigo comprendido entre el límite municipal con Nigrán y la playa Matadero, que incluye la Xunqueira do Lagares que alberga la depuradora y donde se ha empezado a construir la nueva. Admitir la nueva línea de ribera, propuesta por la Dirección General de Costas en 2010, legitimaría, según el auto de la Audiencia Nacional, la implantación del paseo marítimo que discurre por la zona y la inminente de la nueva depuradora, pese a tratarse de usos prohibidos por la legislación de Costas.

 El auto de la Audiencia Nacional da alas a la asociación de vecinos de Coruxo en sus pleitos contra el plan general de urbanismo de Vigo y la construcción de la nueva depuradora, de los que forman pieza separada estas medidas cautelares. Si la resolución de modificación de línea de ribera del mar despliega todos sus efectos —dice el auto—, las obras de ampliación y modernización de la depuradora y el paseo serían conformes con la legislación sectorial de Costas, legitimándose la consolidación de sus perjudiciales efectos sobre el dominio público marítimo-terrestre.

"Ilegalidad manifiesta"

Los perjuicios que se ocasionan a la Administración con la suspensión de la eficacia de la modificación del deslinde son, según el auto, de menor relevancia que los que se ocasionarían al medio instalando en él las citadas infraestructuras, por lo que debe prevalecer la protección del dominio público marítimo-terrestre, que es lo que se pretende con la suspensión cautelar hasta que el mismo tribunal sentencie —dentro de un año aproximadamente— el recurso presentado por la misma asociación de vecinos contra la orden que estableció en 2010 la línea de ribera del mar.

 Tanto la asociación de Coruxo como Verdegaia aprovecharon el auto para denunciar que la Xunqueira do Lagares “está siendo destruida por las obras”, “contrarias a la Ley de Costas”, y reclaman la regeneración y recuperación del espacio natural.

También estiman como “ilegalidad manifiesta” el emplazamiento de ambas infraestructuras en los primeros 20 metros de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y “carentes de legalidad” las actuaciones para la nueva depuradora en tanto que aún no se sometió a exposición pública su proyecto definitivo.