Maraña Cañada

La Cañada Real dejó de ser hace un año un problema social, uno de los más graves de la región, para convertirse además, tras décadas de abandono, en un problema político. La primera vertiente sigue estancada (derribos, niños conviviendo junto a ratas en chabolas inmundas, el gran mercado regional de la droga), pero la negociación de Ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Delegación del Gobierno ya ha comenzado.

El consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria (PP), se ha reunido por separado con los alcaldes de Rivas, José Masa (IU), y Coslada, Raúl López (PP); y con la concejal de Urbanismo de la capital, Paz González (PP). En unos días los juntará a todos, incluida la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes (PP). El pacto podría estar cerrado antes del verano, según Masa. La solución sería progresiva, dilatándose entre siete y 10 años.

La ley aprobada por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre el 15 de marzo de 2011 fijaba un plazo de dos años. A partir de entonces, si no hay acuerdo, la Comunidad dispondrá de los terrenos a su albur. La norma sacó del limbo a la antigua vía pecuaria, trufada en un tramo de 14,4 kilómetros a través de esos tres municipios de viviendas irregulares (desde chalés a chabolas). Para empezar, dio seis meses a los Ayuntamientos para elaborar un censo, que ya está casi listo: solo falta Coslada, que ha avanzado unas cifras casi definitivas. En su término municipal hay 517 construcciones y 1.924 habitantes. En su mayoría, son edificios fácilmente regularizables, que podrían incorporarse sin problemas al resto de la ciudad. Quedaría por arreglar el problema de un centenar de personas que viven en infraviviendas y deberían ser realojadas.

8.628 habitantes, 2.466 edificaciones

En el tramo de Rivas hay 246 viviendas, entre ellas 185 casas bajas. Viven 1.038 personas (59% magrebíes; 40% españoles). En el de Madrid, el mayor de los tres, 5.666 personas (64% españoles; 27% magrebíes). Hay 1.427 casas bajas y 107 chabolas. En total, 8.628 habitantes y 2.466 edificaciones, y un enorme problema vecinal, social y político al que EL PAÍS ha puesto caras. Bienvenidos a la maraña Cañada. 

Rosario y Mari se instalaron hace cuatro décadas en un secarral apartado de la civilización. Llegaron con un rollo de cuerda, cercaron una parcela y comenzaron a cultivarla. Años después levantaron una vivienda y otra para su hijo. Tanto esta como todas las que la rodean son irregulares. No pagan ni la luz ni el agua, ni tienen servicio de recogida de basuras o alumbrado público.

El Ayuntamiento de Rivas, donde se ubican, ha iniciado los trámites judiciales para acabar con ese barrio al margen de la ley, y está dispuesto a llegar hasta el final si no se alcanza un acuerdo político. La Comunidad le ha instado a evitar derribos como gesto de buena voluntad de cara a la negociación. Pero el alcalde se resiste.

La Cañada es un problema rodeado de problemas y envuelto en problemas. Y uno de los más graves aún está por aflorar. El Ayuntamiento de Madrid, presidido por Ana Botella, ha entregado al Gobierno regional, y este lo ha dado por bueno, un censo de 5.666 habitantes en su tramo, que atraviesa los distritos de Vicálvaro y Puente de Vallecas. En este cálculo ha incluido a los pobladores de los “espacios limítrofes” a los que se ha “extendido” el asentamiento irregular en la última década. Esas construcciones son “consecuencia directa” de la Cañada. Son muy recientes (posteriores al año 2000), se encuentran más deterioradas y se levantan “en lugares muy problemáticos, como por ejemplo encima del túnel de las vías del AVE”, asegura el informe municipal. Madrid ha censado 350 edificios (casi todos, casas bajas) que alojan a 662 personas (la mitad, extranjeros, magrebíes en su mayoría). Son el área más degradada de la zona más degradada de Madrid, una extensión natural de la Cañada Real… pero no incluida en la ley regional.

La Comunidad considera que la norma tiene “un ámbito de aplicación muy concreto”, la antigua vía pecuaria. El censo, por tanto, solo debería incluir a las personas que viven allí. En el caso del tramo madrileño, 5.004 personas. En el caso de Rivas, aproximadamente un 10% menos (un centenar de personas)que en el censo entregado a la Comunidad. En conjunto, entre 700 y 800 de las 8.628 personas censadas. ¿Qué pasará con ellos? Según la Comunidad, “el problema social no acaba en la frontera de la Cañada, pero el ámbito de aplicación de la ley sí”. Es decir, esas 700 u 800 personas entran para los Ayuntamientos de Rivas y Madrid dentro del pacto social (que, entre otros mecanismos, definirá quién tiene derecho a ser realojado y en qué condiciones). Para la Comunidad están fuera.

Asociaciones de vecinos enfrentadas, derribos, familias que piden un nuevo hogar y otras que quieren quedarse donde llevan ya toda su vida... Estos son los problemas y los rostros de la maraña Cañada.

Primeros colonos

En el principio fue la cuerda

El marido, Rosario Roldán, dice que es “más de campo que los tomillos”. En 1972 llegó a la Cañada con una cuerda, como otros, y cercó su parcela. Quería hacer un huerto. Ahora hay dos chalets sobre ese terreno y el armazón de un tercero, el de su hija, que dejaron de construir en 2005, cuando llegaron las órdenes de derribo. “Quiero pagar la luz, el agua, lo que haga falta”, pide la mujer, Mari Arcos. Asegura que han invertido los ahorros de toda una vida en levantar la casa. Sacrificaron las vacaciones. “Vi por primera vez la playa con 60 años, en un viaje del IMSERSO”, dice él.

Los derribados

Una casa tirada dos veces.

La familia se ha acomodado en una casa prefabricada, como funambulistas de circo. Abdul Ghailan, de 35 años, ha sufrido dos veces un derribo. En 2007, una colecta sirvió para volver a poner su casa en pie. Empezó por la puerta. Hace seis meses, la segunda demolición le dejó sin fondos. Una vecina le cedió una parcela situada junto a los escombros de su hogar. Ghailan es miembro de una de las nuevas asociaciones a las que las Administraciones aún no escuchan. Pide igual rasero para todos: “No pueden arreglarle el problema a unos sí y a otros no. Todos hemos construido ilegalmente”.

Junto al infierno

Con la vista puesta en otro lado

Una chimenea acogedora, azulejos brillantes, fotos de familia. El salón de la casa de Pura podría estar en cualquier rincón del mapa, pero está a dos pasos de la zona más desgraciada de la vía pecuaria. Seis familias viven en una misma parcela, con patio amplio, en el sector VI. Al salir a la calle, hay dos alternativas. A la izquierda, el mayor

supermercado de la droga de Madrid. A la derecha, una autovía hacia la ciudad. Pura siempre mira hacia la autovía. Sus nueras y sus nietos también. "Cogemos la carretera y nos vamos", dice una de ellas. Construyeron las casas "poco a poco", con el dinero de la chatarra, cuenta la vecina. En mitad del camino plagado de hogueras, el mismo que copa las fotos de los periódicos cuando se habla de la Cañada, hay un bar con una terraza que parece tranquila tras los muros, como el salón de Pura. Su dueña rememora la época en la que aún no había droga: "Esto era el paraíso, ahora es el infierno".

Los olvidados

Vida de chabola en tierra de nadie

Les tiraron la chabola y levantaron otra. Lucilia do Carmo, su marido y sus hijos son una de las 662 familias con el futuro más incierto por las discrepancias entre los Ayuntamientos de Madrid y Rivas y la Comunidad. Su casa está encima de un túnel del AVE, propiedad de Adif. Es de las pocas habitantes que aceptaría una casa también fuera de la Cañada. Como Pilar Vargas (54), que vive a pocos metros, ya en terreno oficial. Aún se emociona al recordar el derribo. “Éramos felices, teníamos dos casitas bien guapas”, cuenta junto a los escombros de su vivienda y la de su hijo. Retirarlos, dice, “cuesta mucho dinero”. Se acomodó con su marido y una nieta en el antiguo garaje, que mantiene limpio como una patena.

Un crisol cultural

La mezquita amenazada del ‘pequeño Marruecos’

Miguel Martín y Abdesalam El Abdelaaui son vecinos del sector V, en el que viven sobre todo marroquíes. El camino de casas, en el que pasean jóvenes con velo ajenas a la tormenta de arena de la mañana, parece la callejuela de un pueblo de Marruecos. Martín lleva más de 30 años residiendo en la Cañada, dedicado a una casa llena de obras que él mismo pinta y esculpe y de plantas que cuida Pilar, su mujer. Enseña con gusto su casa pero pide que no se fotografíe. La parcela contigua, que tiene un familiar, sigue siendo un huerto como los antiguos. Martín asegura que tienen “la mano tendida” al Ayuntamiento de Rivas, en cuyo término municipal están sus casas, para buscar una solución. En mitad del sector hay un local que utilizan para las reuniones de vecinos y también como asociación cultural. Allí, los niños y las niñas marroquíes aprenden árabe por separado. Hay una mezquita, a la que también llegó una orden de derribo.

Los autogestionados

Un barrio ‘sin papeles’ hecho a sí mismo

Soledad Pascual (50) es la tesorera de una de las agrupaciones veteranas, la asociación de vecinos Cañada Real Merinas. Llegó hace 12 años. El sector II, donde vive con su familia, tiene el suelo asfaltado, un detalle que no se da en otros tramos. “Nosotros hemos hecho las calles y las alcantarillas”, explica. Su vivienda está situada en el distrito madrileño de Vicálvaro. Allí los vecinos pagan tributos municipales. En la zona que corresponde a Rivas, el Ayuntamiento los rechaza. No hay recogida regular de basuras, aunque sí se retira. La barrendera de Coslada se para justo en el límite del inicio de la Cañada, que se bifurca en dos calles. “Hasta aquí puedo llegar”, dice. El resto es cosa de los vecinos.