El fiscal pide ocho años de inhabilitación al exconcejal de Urbanismo de Granada

La Fiscalía de Granada ha solicitado ocho años de inhabilitación para Luis Gerardo García Royo (PP), que fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada en el primer mandato de José Torres Hurtado, y otras siete personas más. Entre ellas, el exgerente de Urbanismo, técnicos municipales y conocidos empresarios de la ciudad como José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta. Les atribuye la posible comisión de un delito de prevaricación en una operación urbanística en el Cerrillo de Maracena donde incluyeron terrenos de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sin dar conocimiento a la Administración central.

Los hechos se remontan a 2005. García Royo ya era concejal de Urbanismo y modificó unas negociaciones que se habían iniciado años atrás para el desarrollo urbanístico del Cerrillo de Maracena, donde estaba previsto construir el Palacio de Hielo. Según el fiscal, con “la finalidad de obtener cuantiosos ingresos para las arcas municipales” y con la “aquiescencia” de las empresas propietarias mayoritarias de los terrenos interesados en el desarrollo comercial de la zona modificó el criterio de los “excesos de aprovechamiento”. Las empresas también obtendrían beneficio al aumentar la edificabilidad de los terrenos.

Se firmó un acuerdo de aprobación inicial de convenio que se presentó en el Ayuntamiento y en el que los propietarios mayoritarios manifestaban su voluntad de “adquirir los excesos de titularidad municipal” de terrenos situados en el sector a desarrollar. La Junta de Gobierno Local lo aprobó en 2006, fecha en la que se constituyó la Junta de Compensación sin convocar ni avisar al Ministerio de Fomento ni a la CHG, que tenían terrenos en ese plan parcial. Los responsables “omitieron” cualquier notificación a las administraciones estatales y en 2007 se aprobó definitivamente el proyecto, con informes favorables de los técnicos municipales.

El resultado de esta operación es que se incluyeron terrenos que no eran del Ayuntamiento y por los que, sin embargo, este cobraba a las empresas que vieron cómo a cambio aumentaría de forma irregular la edificabilidad en las parcelas, según el escrito del ministerio público. En concreto, el convenio afectó a dos parcelas de Fomento, de 4.532,36 y 423,84 metros cuadrados; a otra de la CHG, de 20.484; así como a dos parcelas rotacionales destinadas a viales de 4.503 y 3.554 metros cuadrados. En total, 33.497,20 metros a los que hay que unir otros 8.873 de titularidad discutida que se incluyeron en el proyecto de reparcelación.

El fiscal indica que el incremento de aprovechamiento supuso un beneficio para el Ayuntamiento y los promotores y por ello solicita, además de la inhabilitación por prevaricación como autores o coautores, la nulidad del plan parcial, del convenio urbanístico y de todo el proyecto de reparcelación.