El Consell asume la deuda de sus empresas antes de reestructurarlas
Fabra quiere vincular las subvenciones a los agentes sociales al empleo El Gobierno autoriza un endeudamiento de 2.583 millones para pagar créditos vencidos
El Consell dio ayer un paso más en la tarea de deshacer la madeja de la deuda que tiene repartida por todos los rincones de la Administración valenciana. El Consell aprobó asumir la titularidad de 3.400 millones de euros en préstamos que tienen concedidas empresas, agencias y fundaciones públicas como Aeropuerto de Castellón, SL, Ciegsa, Circuito del Motor, el Ivadis o la Fundación de la Luz de las Imágenes.
Este paquete de deuda, que se irá asumiendo gradualmente por parte de la Administración general de la Generalitat no tiene efectos en términos de contabilidad nacional, permite empezar la reestructuración del sector público. El Consell ya ha decidido que las 46 empresas existentes se reconvertirán en seis entes, lo que quiere decir que algunas empresas se fusionarán, otras se liquidarán y unas terceras se venderán si es posible. “La deuda que no asume la Generalitat queda en las empresas, pero con esta decisión lo que conseguimos es una posibilidad de refinanciación más cómoda y que se vayan limpiando las empresas”, explicó el portavoz y vicepresidente del Consell, José Ciscar.
En este contexto, el Consejo de Ministros autorizó ayer al Consell una operación de endeudamiento de 2.583 millones de euros. Este crédito estará destinado a pagar vencimientos de préstamos anteriores y las cantidades que la Generalitat debe devolver al Estado, correspondiente a los ejercicios de 2008 y 2009, por haber recibido más dinero adelantado del que le correspondía una vez realizada la liquidación definitiva de las cuentas.
Ciscar explicó ayer que el Consell quiere realizar este año, además del recorte de 1.052 millones anunciado el pasado 5 de enero, otro “ajuste adicional de 500 millones de euros o más, que no serán de carácter general, sino sectoral y que no afectarán a la prestación de servicios básicos”. “Hay que implantar una nueva Administración que olvide la relación paterno-filial y que hable de tú a tú al ciudadano”, explico el vicepresidente.
Dentro de esa filosofía el Consell avanzó ayer su intención de elaborar un proyecto de ley que vincule las subvenciones a organizaciones empresariales y sindicatos (el 70% de los ingresos en las principales organizaciones) a la creación de empleo. En 2011 el Consell destinó 38,1 millones a organizaciones empresariales y 28,3 millones a sindicatos. La pretensión es cambiar la cultura de la subvención por la del incentivo, según Ciscar.
El presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, advirtió que, “si eso fuera así, [el Consell] tendría que aplicárselo a la Universidad, a las escuelas de FP y al Servef, que es el que tiene el trabajo de colocar a la gente”.
El portavoz del Gobierno señaló que el texto del proyecto de ley está abierto a la negociación.
El pago a los proveedores dependerá de Madrid
El plan de pago a los proveedores a los que la Generalitat adeuda dinero dependerá, finalmente, de Madrid. El portavoz del Consell y vicepresidente, José Ciscar, explicó ayer que el Ejecutivo está recopilando todas las deudas con los proveedores —contratistas de obras y servicios y conciertos— de la Generalitat y sus empresas públicas para certificarlas ante el Gobierno ente del próximo 15 de abril. Una vez remitidas a Madrid, el Gobierno de Mariano Rajoy agrupará las certificaciones de deuda remitidas por todas las comunidades autónomas y ordenará el pago en base, fundamentalmente, a dos criterios: la antigüedad y la quita que están dispuestos a aplicarse los acreedores para cobrar. “Nosotros daremos la cifra certificada de lo que se adeuda, pero no cuándo se pagará”, explicó Ciscar, que añadió: “Que el hecho de que la antigüedad prime, favorece a la Comunidad Valenciana”. El Gobierno de Mariano Rajoy, a través del Ministerio de Hacienda, ha dispuesto créditos para pagar a los acreedores de las comunidades autónomas por importe de 17.500 millones de euros, que se podrán abonar en distintas fases antes de que termine el año 2012. El vicepresidente explicó que a esta fórmula para cobrar las deudas no se podrán acoger los Ayuntamientos, ni las entidades que tengan pendiente el cobro de subvenciones y otra clase de ayudas.Los Ayuntamientos disponen de otra línea de crédito dispuesta por el Gobierno de algo más de 20.000 millones de euros para pagar a los proveedores.A cambio de poder acceder a estas líneas de crédito, las Administraciones autonómicas y municipales tendrán que hacer ajustes en sus presupuestos que otorguen garantías al Estado de que podrán asumir la amortización y los intereses de las pólizas utilizadas.Ciscar indicó ayer que la Consejería de Hacienda está ordenando y revisando las facturas pendientes con los proveedores, lo que impide facilitar una cifra exacta de la cantidad adeudada por este concepto. Cifra que será pública cuando se remita a la Administración central.
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