El fiscal pide para Los Pasteleros 209 años de cárcel y 6.834 millones en multas
La banda llegó a ser la mayor proveedora de cocaína de España por vía marítima
El 1 de junio 2008, un buque de bandera venezolana, el San Miguel, era abordado por una patrullera de Aduanas con un alijo de 3.429 kilos de cocaína y 12 tripulantes y en el momento en el que, tras un accidentado periplo, esperaba realizar un segundo intento de transbordar la droga a varias planeadoras. Casi año y medio después, la policía lograba llegar por fin a la cúpula gallega de una organización hispano-colombiana, la principal proveedora de cocaína que hasta entonces operaba por vía marítima en España a través de la rías gallegas.
El organigrama de la banda y su implicación con el cargamento del San Miguel fue posible gracias a un testigo de cargo, José Luis Fernández Tubío, de 49 años, un marinero de Boiro con antecedentes por narcotráfico, persona de confianza de los jefes y enlace con el cártel suministrador de la cocaína, que confesó los hechos y descubrió algunos secretos de la organización.
Durante años, Óscar Manuel Rial Iglesias, de 39 años, apodado El Pastelero, y su socio, el veterano narcotraficante, José Constante Piñeiro Búa, Costiñas, de 46, se encontraban entre los principales objetivos de la unidad policial del Greco. Probablemente desde 2003, movieron un promedio de tres cargamentos anuales como jefes de la organización en Galicia. En 2008 habían consignado el envío de entre 15 y 20 toneladas con el cártel colombiano con el que estaban asociados y al que llamaban “La Oficina”.
En el siguiente escalón de la banda se situaban tres bregados marineros: José Andrés Bóveda Ozores, apodado Charly y Sandokan, de 54 años, un presunto contrabandista de tabaco; Francisco Padín Fernández, Fran el Pardillo, de 45; y el piloto de planeadoras, Juan Carlos Cañón García, de 35. Otras 14 personas están implicadas en el cargamento, una cocaína que apenas tenía un 71% de pureza y que fue tasada en 110,4 millones, según el valor de esta sustancia en el mercado negro, que era en 2008 de 32.689 euros.
El jefe del clan coordinaba a 40 personas en cada desembarco
La fiscalía de la Audiencia Nacional solicita para esta organización cuyos miembros ya están en libertad provisional, penas que suman 209 años de cárcel por tráfico de drogas y elevadas multas que ascienden a 6.834 millones de euros. Para Rial y Piñeiro las condenas son de 14 años de prisión y 662 millones, mientras rebaja a 11 la pena para el resto de implicados y a nueve para los tripulantes de los barcos, y fija la cuantía económica en 440 millones para cada uno.
Según la acusación, el Pastelero, afincado en Vilagarcía, era el principal financiero del grupo. Se ocupaba de buscar el emplazamiento de los astilleros y de la logística de embarcaciones en tierra y coordinaba a no menos de 40 personas en las zonas de desembarcos de la droga cuando se hacía una operación. Y se encargaba de guardar la cocaína hasta que los distribuidores se hacían cargo de ella.
Piñeiro Búa, de Cambados, el experimentado dirigente del grupo que se inició en la escuela de Sito Miñanco, era el encargado de las comunicaciones, según el fiscal. Adquiría teléfonos satelitales y se movía sin rumbo definido constantemente por España y Portugal para no ser localizado cuando la droga navegaba por el mar. Viajaba a Colombia directamente para organizar los traslados de la droga desde Sudamérica.
El ministerio público sostiene que Bóveda Ozores era el encargado del aprovisionamiento del grupo para las labores de mar, y de las lanchas neumáticas que se empleaban para desembarcar la droga. Contaba con un astillero con cuatro naves de refuerzo, dos en Vigo y otras dos en Cambados, que la banda usaba para guardar las lanchas neumáticas que desembarcan la droga y las de vigilancia cuando llegaban los cargamentos.
El fiscal cree que también se ocupaba de la puesta a punto de las planeadoras y su almacenamiento temporal. Charly compraba barcos pequeños para abastecer en alta mar a las embarcaciones y fue el que trasladó a Marco Fabrizzi, Francisco Cañón y José Luis Fernández Tubío a la nave con techo levadizo que tenía cerca del puente de Rande para enrolarse en la lancha que salió al encuentro del San Miguel.
Según la acusación, Francisco Padín tenía a disposición de la organización una nave en el polígono de Cambados, donde también preparaba y montaba los motores a las lanchas que se usaban para descargar la droga y era el que contrataba a los marineros para el transporte hasta la ría. También ayudaba a coordinar las labores de vigilancia en los desembarcos, y se encargaba del almacenamiento de la droga en tierra.
Juan Carlos Cañón, hermano del detenido a bordo del San Miguel, Francisco Cañón, ambos apodados Os Cañóns, era uno de los marineros de la organización encargado de participar en el desembarco de los alijos y control de los movimientos de la División Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) y la Guardia Civil. Su cometido era recoger la cocaína del San Miguel, pero no lo consiguió. Cuando se aproximaba al barco “alguien de la DAVA le había alertado”, según el fiscal.
Anotaciones en clave
A principios de mayo de 2008, un ya desvencijado San Miguel iniciaba el viaje con ocho tripulantes desde el puerto venezolano de Pampatar. Su cometido inicial era avituallar de combustible a la lanzadera Delfín, ocupaba por otros cuatro marineros, todos de procendencia sudamericana. Cuando la lanzadera recogió los fardos de cocaína que le bombardearon desde un avión para continuar viaje hasta unas 1.500 millas de Galicia — donde le esperaban Francisco Cañón, Marco Fabrizzi y José Luis Fernández Tubío—, una avería en los motores obligó a los tripulantes a subir a bordo del buque.
Pero el accidentado periplo no terminó ahí. A la planeadora gallega también se le estropearon los motores y sus tres marineros tuvieron que refugiarse en el San Miguel, después de hundir las dos lanchas. Cuando fue abordado por Aduanas, el buque navegaba sobrecargado y con una vía de agua, en unas condiciones más que precarias y a pique de zozobrar. Por ello toda la tripulación tuvo que subir al Petrel.
En el domicilio de José Luis Fernández Tubío, en Escarabote (Boiro), se localizó una relación de teléfonos de otros acusados, códigos de frecuencias de radio y horarios para las comunicaciones, así como anotaciones manuscritas que coincidían con las halladas en el puente de mando del San Miguel. Así "Rey y Mónica" se referían a las dos lanchas mientras el código cifrado indicaba los dos días de la semana en los que ambas embarcaciones iban a realizar su cometido: en "Barcelona" (jueves) recogerían los fardos del agua, y en "Maracai" (viernes) los recogería la planeadora.
En la casa de Francisco Cañón se halló una hoja manuscrita con las frecuencias de radio y la anotación “Eles Mónica, nós Rey”, así como un código alfanumérico sobre posiciones geográficas que tenía como destino final 42-09 N 17-25 W, en la costa de Galicia.
Fincas y sociedades para lavar dinero
En un extenso escrito de acusación, el fiscal también acusa del delito de blanqueo a la cúpula de la organización de Los Pasteleros, para los que solicita cuatro años de prisión y multas que suman más de cuatro millones de euros, después de que hubieran depositado unas fianzas de responsabilidad pecuniaria de 500 millones de euros.
Entre las sociedades intervenidas, que según el fiscal se utilizaron para canalizar el dinero negro, figuran Atman Import Export, SL, C&F Piñeiro Obras y Promociones, SL, a nombre de José Constante Piñeiro, Costiñas, y su hermano Francisco, así como Grupo 3 Expansiones y Contratas en la que también participan como socios Óscar Rial, El Pastelero, y su hermano Gerardo.
Además de los movimientos bancarios que se reflejan en la investigación de la Agencia Tributaria, Grupo 3 realizó según el ministerio público una intensa actividad de blanqueo con la compra de al menos siete fincas en la zona de Arousa, entre 2004 a 2006, aunque no quedaron contabilizadas a efectos fiscales.
Utilizando a sus mujeres de socias y testaferros, como es el caso de Arousa Chocolat, SL o C&F Piñeiro, los ingresos en efectivos eran constantes, contabilizándose más de un millón de euros en movimientos bancarios, aunque los beneficios declarados eran ínfimos o inexistentes, esgrime el escrito de acusación.
José Andrés Bóveda, Charli, “también ha utilizado sus negocios y empresas lícitas y los de su esposa para enmascarar las ganancias obtenidas en anteriores operaciones de tráfico de drogas”, según la acusación del fiscal. En las empresas Mariscos Saíñas, SL, Digital World Villagarcía SL, y el astillero Graunner Ships, SL se realizaron imposiciones a cuenta sin identificar su procedencia o ingresos en efectivo a nombre de marineros que están implicados en esta causa, superiores a los 100.000 euros.
Sin embargo, la empresa naval declaró rendimientos ridículos, algunos de apenas 400 euros. Pese a esta falta de ingresos, Bóveda y su mujer compraron después una finca de 2.800 metros cuadrados en el polígono Setepías del municipio pontevedrés de Cambados por 104.400 euros “sin que sus ingresos fuesen suficientes y sin ningún crédito, por lo que el dinero no puede tener otra procedencia sino el del narcotráfico”, señala la fiscalía.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
