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Tossa quiere levantar un hotel cerca de la playa virgen de Cala Morisca

La finca perteneció a un ‘narco’, que construyó un embarcadero subterráneo

Urbanismo desechó el proyecto en 2011 por “insostenible” para el entorno

Cala Morisca en Tossa de Mar.
Cala Morisca en Tossa de Mar.

Cala Morisca, una pequeña playa virgen de aguas cristalinas y difícil acceso, sobrevive rodeada de bosque y de medio centenar de casas que no se ven desde la arena. La promoción turística y los enredos del urbanismo pueden cambiar este entorno idílico: el Ayuntamiento de Tossa de Mar (Selva) permitirá la construcción de un hotel de cuatro estrellas, con piscina e instalaciones deportivas. La dueña de los terrenos se compromete a urbanizar la zona, que se encontraba hasta ahora en estado de “degradación”, sin alcantarillado ni viales, según el Consistorio.

El complejo hotelero ocupará 26.000 metros cuadrados, el 8% de los terrenos del sector de Cala Morisca que pertenecen al núcleo de Tossa (el resto es de Lloret de Mar). La gran propietaria de la zona es la empresa Morisca, SA, propiedad de Jacqueline Bachevillier, exesposa de Jacques Cannavaggio, narcotraficante condenado en 1992 por la Audiencia Nacional. Cannavaggio compró la finca de Cala Morisca y construyó en sus proximidades un almacén subterráneo conectado con el mar en el que se encontraron más de 17 toneladas de hachís.

Para la construcción del hotel se requiere que el Ayuntamiento modifique la normativa, que ya prevé desde hace años la construcción de viviendas en este enclave. “Se trata de un movimiento práctico. Con esta operación resolvemos muchos problemas”, defiende Gisela Saladich, alcaldesa de Tossa por Tossa Unida-PSC. Saladich no esconde que tras la operación hay también un interés económico. “Aquí no vamos sobrados de hoteles”, afirma.

Los beneficios para el Consistorio son múltiples. Por una parte, los vecinos de la zona necesitan unos servicios que no han podido pagar de su bolsillo. Además, el Ayuntamiento consigue así ordenar el sector: concentrar la urbanización prevista y aumentar la zona verde protegida. Por otra, la dueña se compromete a renunciar a los 46 millones de euros que reclama por los sucesivos cambios de calificación urbanística de sus fincas. El Ayuntamiento ya requisó las propiedades a Bachevillier por impago de IBI, pero perdió luego en los tribunales.

El acuerdo requiere establecer un complejo sistema de compensación con el resto de los propietarios, bien monetario o a través de permutas de fincas. Inma Colom, exalcaldesa de CiU, cree que el anuncio de Saladich es “humo”. “Nosotros pedimos un informe sobre este mismo proyecto a la Comisión de Urbanismo de la Generalitat y el dictamen fue desfavorable”, explica Colom. El documento, fechado en enero de 2011, dice que el proyecto supondría un “empeoramiento de la integración paisajística” de la zona y una contradicción con el “desarrollo urbanístico sostenible”.

“Lo mejor hubiese sido prohibir la construcción en esos terrenos en el Plan General de 2006”, admite Assumpta Margenats, regidora de Urbanismo con CiU. Pero el Consistorio de ese momento no lo hizo, pese a que entidades como Naturalistas de Girona lo exigían para evitar “perjudicar de manera irreversible el espacio y provocar un impacto paisajístico muy negativo”. La alcaldesa insiste en que es el mejor plan en estas circunstancias y afirma que el hotel no será visible desde la playa. “Estará a más de medio kilómetro y la cala está protegida por rocas y rodeada de bosque”, dice Saladich, que afirma que en este nuevo proyecto se ha modificado lo que no gustaba a la Comisión de Urbanismo. Habrá que esperar un nuevo dictamen.