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CORTES VALENCIANAS

“¿Cómo es posible que siga Marisa Gracia al frente de Ferrocarrils?”

El PP rechaza reabrir la investigación del accidente del metro reclamada por Alarte

El socialista afirma que la tragedia deja "una herida social y política para la sociedad valenciana”

David Serra saluda a Rafael Blasco, portavoz del PP en las Cortes Valencianas.
David Serra saluda a Rafael Blasco, portavoz del PP en las Cortes Valencianas.

“¿Cómo es posible que, con lo que sabemos y leemos, hoy todavía tengan ustedes a la gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, al frente de la empresa pública?”, preguntó ayer a los responsables del Consell el líder de los socialistas, Jorge Alarte, en el pleno de las Cortes Valencianas. El portavoz socialista se refirió así a la gerente de FGV, que ya lo era entonces, cuando salió a defender que se reabra la comisión de investigación sobre el accidente del metro del 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas, y se encargue una “auditoría externa e independiente sobre los sistemas de seguridad de FGV desde 1986 hasta hoy”, algo que volvió a rechazar el PP.

Alarte acusó a FGV de haber ocultado deficiencias de seguridad en la línea 1. Además, los técnicos que declararon ante la comisión de investigación creada en las Cortes Valencianas tras el trágico siniestro, que duró apenas cinco días, fueron instruidos para afrontar las preguntas de los diputados, como se ha sabido por documentos que ha hecho públicos el diario El Mundo.

“El accidente de julio de 2006 fue una fecha fatídica para nuestra comunidad”, dijo Alarte. “Desde entonces las familias de los fallecidos y heridos han pedido sistemáticamente y reiteradamente a las Cortes, a la Generalitat y a nuestras instituciones sólo una cosa: conocer la verdad”. El diputado socialista explicó que decidió defender él mismo la propuesta, aunque Francesc Signes, el portavoz de infraestructuras y transportes, “podía haberlo hecho igual de bien”, porque se trata de una cuestión de dignidad. “Pensaron, y se equivocaron al pensarlo, que la cosa se arreglaría pagando rápidas y sustanciosas indemnizaciones”, señaló en alusión al Consell, “pero es una herida social y política para el cojunto de la sociedad valenciana”. Según el dirigente del PSPV-PSOE, que exhibió un informe de riesgos laborales que pone en duda la seguridad de la línea 1 y también los que se utilizaron para aleccionar a los testigos de FGV que pasaron por la comisión parlamentaria en 2006, tanto el expresidente Francisco Camps como su sucesor, Alberto Fabra, han practicado “el obstruccionismo, las excusas, las evasivas, la falta de transparencia y el desprecio mal disimulado hacia la asociación de víctimas”, que, añadió, merecen “conocer la verdad”.

Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, apoyó la propuesta de Alarte por “una cuestión de justicia y decencia”. Además, calificó de “pantomima” la comisión de 2006, que se cerró a los pocos días sin establecer responsabilidades políticas. También Juan Ponce, de Compromís, apoyó una nueva investigación, pedida desde entonces por los familiares de las víctimas y heridos. “¿Por qué tienen tanto miedo?”, preguntó Ponce a los diputados del PP.

Los populares, por su parte, rechazaron la iniciativa. El diputado David Serra acusó a Alarte de hacer “un ejercicio de oportunismo político”, y argumentó que “ya se hizo todo lo que se tenía que hacer”. Serra recordó que la justicia se pronunció sobre el accidente “de forma clara y rotunda” cuando la juez cerró el caso. “Ustedes sólo intentar ganar la partida a los grupos minoritarios en la competición por ver quién da un paso más adelante en el intento de erosionar a un Gobierno que hace pocos meses revalidó su mayoría absoluta en las urnas, añadió el diputado, que llegó a esgrimir contra los socialistas el escándalo de “los fondos reservados”, que protagonizó el Gobierno de Felipe González a principios de los años noventa. Hacía tiempo que nadie sacaba a pasear el caso Roldán.

RTVV y la productora ultra

A. B.

El PP, con la ayuda de algunos votos de los socialistas, dado que se exigía una mayoría cualificada, designó ayer al alcalde de Enguera, Santiago Arévalo Arce, del PP, nuevo miembro del consejo de Administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), en sustitución de Sagrario Sánchez, quien renunció al cargo para tomar posesión como diputada en las Cortes Valencianas tras la vacante de Paula Sánchez de León, hoy delegada del Gobierno. Previamente, el portavoz de Compromís, Enric Morera, dijo que “no es compatible” el cargo con las empresas del nuevo consejero. No obstante, el presidente de las Cortes, Juan Cotino, aseguró que, según los datos de que disponía la Mesa, eso no era así.

Tras el escrutinio, Morera anunció que su grupo presentará un recurso porque considera que existe un “conflicto de intereses evidente entre la actividad particular y las empresas de Santiago Arévalo con RTVV”. Los diputados de Compromís escribieron en las papeletas “Votación fraudulenta”.

Por otra parte, el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, en respuesta al diputado socialista Josep Moreno, aseguró que RTVV ha vendido los documentales ultraconservadores que contrató por 600.000 euros a la productora Triskel, vinculada al director de antena de la cadena autonómica, Fernando Lázaro Quintela, a varias televisiones autonómicas, como las de Castilla-León y Canarias. Ciscar no respondió a Moreno qué derechos recompró la productora a RTVV, como afirma la cadena pública, meses después de vendérselos todos por una cifra tan desmesurada.