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TRIBUNALES

Ningún magistrado quiere ser titular en el juzgado que investiga el 'caso Brugal'

El concurso público convocado por el Consejo del Poder Judicial ha quedado desierto

El anterior titular dejó la oficina en plena instrucción del sumario

Ningún magistrado quiere ejercer de titular en el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, oficina judicial matriz del caso Brugal,que trata de esclarecer una trama sobre el negocio de la basura y el urbanismo en Alicante. El concurso público convocado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cubrir la plaza de su anterior titular, el magistrado Carlos San Martín, ha quedado desierto, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La envergadura del sumario (40.000 folios) y el calado de los imputados, cuya lista encabezan el exlíder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, se ha convertido en un obstáculo al que ningún magistrado parece querer plantarle cara.

El juzgado número 3 de Orihuela lleva ahora dos de las tres piezas centrales del caso Brugal: un supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela y en favor de Fenoll y un supuesto soborno de éste y el promotor Ortiz a Ripoll por la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja.

En la actualidad, el Juzgado número 3 de Orihuela está dirigido por una juez sustituta, que cubre la plaza desde la salida de San Martín a finales del pasado año. Esta magistrada cuenta con otra de apoyo, refuerzo que nombró expresamente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el pasado mes de enero. La intención del TSJ era que la interinidad en la titularidad del juzgado fuera la mínima posible y de ahí la convocatoria de un concurso público, que ahora ha quedado desierto por falta de aspirantes.

El juzgado instruye el supuesto soborno a Ripoll por la contrata de la basura de la Vega Baja 

La primera decisión que debe adoptar la juez sustituta es si acepta o no la petición del fiscal Anticorrupción de Alicante de citar a declarar a otros 54 implicados en las diligencias policiales en calidad de imputados (34 por la causa de la basura de Orihuela y el resto por la de la contrata de la planta del plan zonal de La Vega Baja).

Carlos San Martín, que dirigió el último periodo de la investigación policial y la primera fase de la instrucción tras levantar el secreto del sumario de las actuaciones, optó por dejar la oficina a finales del pasado año, tras ganar una plaza en los juzgados de Alicante.

El magistrado San Martín tomó esta iniciativa después de una resolución en la que anuló parcialmente las escuchas telefónicas practicadas a los cabecillas de la trama: Ripoll, Fenoll y Ortiz. Posteriormente, la Audiencia de Alicante revocó el auto de San Martín y dio validez a las intervenciones telefónicas de la policía.

La anulación de parte de las escuchas no fue la única resolución polémica de San Martín. El juez llegó a insinuar que no había ordenado los arrestos de los principales implicados en la trama el pasado 6 de julio de 2010, pese a que, apenas cuatro días antes, había firmado un auto autorizando las detenciones. Más adelante, el juzgado cometió otro error de bulto al introducir diligencias de otras piezas del sumario en un DVD que trasladó a las partes. Ello posibilitó su difusión en los medios de comunicación.

El entorno del magistrado San Martín atribuyó a la presión mediática su decisión de desentenderse del caso.

El sumario sobre el posible amaño del PGOU de Alicante lo instruye desde octubre de 2010, cuando asumió la competencia, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, el veterano magistrado Manrique Tejada.

En esta causa el fiscal Anticorrupción acusa a la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y ahora diputado autonómico Luis Díaz Alperi, de cohecho, uso privilegiado de información y tráfico de influencias. Tejada no dudó a la hora de validar las escuchas y mantiene un ritmo constante en la instrucción. Tejada está pendiente de un informe policial sobre documentos incautados a Ortiz en su yate y empresa para rematar el sumario.