Policías encapuchados interrogan a nueve detenidos tras una manifestación

Los abogados de los nueve detenidos tras la manifestación contra la reforma laboral que se celebró el pasado 10 de febrero en Madrid no se podían creer que los encapuchados que les esperaban en la comisaría de Moratalaz, donde fueron trasladados sus clientes, fueran agentes de la Policía Nacional. “Los supuestos policías iban vestidos de paisano y no portaban ningún distintivo, número o acreditación que pudiese identificarles”, según la denuncia interpuesta el pasado 16 de febrero por los seis letrados ante el Colegio de Abogados de Madrid.

Con estas condiciones, los funcionarios policiales interrogaron a los detenidos, acusados de un delito de atentado contra los agentes de la autoridad y de lesiones. La Dirección General de la Policía confirmó ayer a este periódico que los agentes iban encapuchados pero que llevaban encima y en lugar visible la placa identificativa. El director adjunto operativo de la Policía Nacional ha abierto una investigación para estudiar el caso. El Ministerio del Interior asegura, por su parte, que no hay ninguna prohibición legal de que se realice este tipo de interrogatorios.

 La Jefatura Superior de Madrid asegura que tomaron la medida por seguridad, ya que estos agentes pertenecen a la Brigada de Información y se suelen infiltrar en las manifestaciones.

“En España existe una obligación clara y taxativa de que los policías exhiban de modo claro su identificación personal”, afirma Jacobo Dopico, profesor de Derecho Penal de la Universidad Carlos III. La ley orgánica 4/2010 del régimen disciplinario del cuerpo Nacional de Policía recoge en su artículo 8 que es una “falta grave” no ir provisto en los actos de servicio del uniforme reglamentario y de los distintivos de la categoría o cargo, siempre que no medie autorización en contrario.

Los letrados, indignados por el trato recibido, decidieron presentar la denuncia ante el Colegio de Abogados para que tome medidas en el asunto y que esta “situación tan lamentable” no vuelva a ocurrir, según ha explicado E.J., perteneciente a la comisión de legal del 15-M y abogado de uno de los detenidos.

Según fuentes policiales, no es la primera vez que los agentes realizan este tipo de prácticas pero la Jefatura Superior de Policía de Madrid aseguró a este periódico que se trataba de un “hecho puntual”. Esta versión es secundada por un portavoz del Sindicato Unificado Policial (SUP). Otras fuentes policiales, sin embargo, aseguran que esta polémica práctica fue autorizada meses atrás por el anterior equipo de la Jefatura Superior de Madrid, dirigido por el exjefe superior de Policía Francisco Javier Redondo, fallecido el pasado mes de diciembre. Según fuentes consultadas por la agencia EFE, el actual Jefe Superior de Madrid, Alfonso José Fernández habría revocado la autorización dada por su antecesor.

Los detenidos tenían edades comprendidas entre los 20 y los 40 años y fueron puestos en libertad dos días después. E.J. y otros cuatro abogados insistieron en que en el acta de declaración de sus clientes constara que los funcionarios de policía presentes se encontraban con la cara tapada. En la declaración, según informan los letrados, se recoge el número de placa de los agentes pero insisten en que en ningún momento pudieron ver la acreditación material. "Se podría haber dado un delito de suplantación de identidad", explica A. G., un abogado penalista. “Si un policía dentro de una comisaría tiene que llevar la placa colgada nos hemos vuelto locos”, afirma un portavoz del Sindicato Unificado de Policía.

"Cómo vas a declarar con un policía encapuchado?", se preguntaba incrédulo el viernes pasado el abogado Ángel Galindo al conocer la denuncia. Los letrados que asistieron a los nueve detenidos tampoco podían creérselo y en un principio pensaron negarse a estar presentes en la declaración pero sabían que si actuaban así, los agentes llamarían a un letrado de oficio del Colegio de Abogados. "Por esa razón hemos interpuesto la denuncia. Esto no puede repetirse", aclaraba M.J., uno de los denunciantes. Hasta ahora, los detenidos han preferido hablar solo a través de sus abogados.

El profesor de Derecho Penal en la Universidad Carlos III, Jacobo Dopico, hace referencia a la Instrucción 13/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad relativa al uso del número de identificación personal en los Cerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: "Los ciudadanos tienen derecho a conocer la identidad de los funcionarios policiales y adscripción de los mismos". Un portavoz del SUP ha informado a este periódico de que aquella noche del 10 de febrero no había suficientes efectivos en la comisaría de Moratalaz, lo que obligó a los mismos agentes de la Brigada Provincial de Información que estuvieron en las protestas a tomar luego declaración a los detenidos. "Por este motivo tuvieron que taparse el rostro", sentencia la fuente sindical.

Para Dopico no es excusa. "Lo más grave es que ya es una realidad la sospecha de que hay superiores policiales y cargos políticos que lo toleran, expresa o tácitamente, al no reprimirlo".