El Igape prestó 2,9 millones a la trama pese a sospechas de facturas falsas

Ninguna de las alarmas que saltaron durante la tramitación de las subvenciones a la trama corrupta sirvió para algo. Ni siquiera la inequívoca alerta que realizan dos funcionarios del instituto público antes de que Dorribo recibiese, en 2010, la autorización autonómica para cobrar un préstamo de 2,9 millones procedente del Banco Europeo de Inversiones.

El empresario había expuesto ante el Igape un fabuloso proyecto para construir una fábrica de medicamentos en el que iba a invertir 5,8 millones de euros. Aportaba facturas (falsas) de un listado de una veintena de proveedores, incluida alguna empresa del propio Dorribo a nombre de testaferros. Pero Francisco González y Ernesto Saavedra, dos funcionarios del instituto público, realizan varias indagaciones en un intento por comprobar que las facturas que presentaba la empresa Nupel eran legales. “Se llamó telefónicamente a Montajes Jumar y Control Técnico Jaro. El primero dijo que no fabricaba moldes, el segundo que no elaboraba software de gestión [ambos productos figuran en el concepto de las facturas]. También se llamó a Hermanos Vidal [que supuestamente había vendido a Dorribo una planta purificadora de aguas], pero el interlocutor no tenía conocimiento de que suministrara ese producto”.

Contra toda lógica, nada de lo expuesto importó a sus superiores. Cristina Quintela, actual directora del área de financiación e imputada en el caso, era su jefa directa. En al menos una ocasión Quintela comió en Lugo con Carlos Monjero, empresario que realizaba el andamiaje contable de la trama; y con Carlos Silva, subdirector del Igape al que Dorribo acordó sobornar para que agilizase los expedientes de subvenciones.

“Que cambien los importes a las facturas, que borren el nombre y que digan que la maquinaria es nueva”, ordenó Dorribo.

Los funcionarios, en el documento en que llaman la atención sobre el fraude de las facturas, piden además que, si finalmente el préstamo sale adelante, se exija a Nupel “una condición especial para la comprobación de la inversión”. Presuntamente y según los investigadores, “tanto Cristina Quintela como Pedro Caldas [subdirector de Programas de acceso al rédito del Igape también imputado] participan en los hechos delictivos facilitando la concesión del préstamo mediante manipulación del proceso de garantías exigidas para una correcta aplicación de la ayuda pública”. El préstamo se autorizó y pagó el 22 de marzo de 2011.

Pero las irregularidades empiezan mucho antes. El dueño de Nupel recibió en 2008 una subvención a fondo perdido de 1,4 millones de la dirección de I+D con el bipartito en el gobierno de la Xunta y Fernando Blanco como conselleiro (también imputado). Pese a que una inspección posterior no encuentra “ningún elemento que indique una deficiente realización del proyecto”, al equipo dirigido desde el juzgado de Lugo por Estela San José no le resulta muy difícil destapar el fraude. Cotejando las facturas que justifican aquella inversión encuentran que la mayoría justificaban la compra de máquinas y procedían de ICM, una empresa que no las fabrica. Por si fuera poco, ICM pertenecía casi al 100% a Nupel y su administradora era Aveline Fernández, esposa de Dorribo. El verdadero proveedor original de la maquinaria era una firma llamada STE Pharma, que denunció a Dorribo en los juzgados porque le dejó de 700.000 euros sin abonar. Y para rizar el rizo, la dirección de I+D del gobierno bipartito en la Xunta tampoco advirtió que ICM, declaró unas ventas en 2008 de poco más de dos millones de euros según consta en el Registro Mercantil. En cambio, justificó ante la Consellería de Economía una facturación con Nupel de 4,1 millones por la tecnología. Todo era simulado y falso.

Con la máxima impunidad, esos mismos documentos se utilizaron años después para solicitar otras ayudas. “Que cambien los importes, que borren el nombre y que digan que la maquinaria es nueva”, ordenó Dorribo.