La Fiscalía aprecia indicios de delito en las cargas policiales en Valencia

La Fiscalía Provincial ha abierto diligencias de investigación por la actuación de la Policía Nacional durante las protestas estudiantiles que se han desarrollado recientemente en Valencia, que se saldaron con una veintena de detenidos.

Según han informado fuentes del Ministerio Público en un comunicado, las diligencias se han incoado a raíz de las denuncias interpuestas por Esquerra Unida y el colectivo Cercle Obert.

Ante la existencia de actuaciones "en uno o varios juzgados de instrucción" relacionadas con estas protestas, la Fiscalía ha procedido a remitir lo actuado "al juzgado competente".

En un comunicado posterior, la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, ha expresado su satisfacción al respecto y ha confiado en que "se llegue hasta el final, que se depuren todas las responsabilidades y que la delegada del Gobierno -Paula Sánchez de León- y el jefe de Policía -Antonio Moreno- no pasen ni un minuto más sin dimitir".

Esquerra Unida presentó una denuncia ante la Fiscalía del Menor al entender que los hechos eran "gravísimos" y que podían ser constitutivos de delitos de lesiones y detenciones ilegales".

El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, por su parte ha pedido en varias ocasiones en una comparecencia en el Senado que no se remuevan "las brasas" de los incidentes acaecidos el mes pasado en Valencia, al tiempo que ha celebrado que no se hayan producido más enfrentamientos "a pesar de que la mayoría de las manifestaciones se han celebrado al margen de la ley".

El ministro ha sido interpelado por el senador socialista José María Ángel Batalla y el senador de la Entesa del Progrés de Catalunya, Rafel Brugera. El ministro manifestó su preocupación porque los senadores se pongan "del lado de los que no cumplen la ley en lugar de en el de la policía". "Espero que no se solidarice con el que ha merecido la foto de portada del Ney York Times, que ha producido un daño extraordinario a la imagen exterior de España y al objetivo de generar un clima de confianza en el mercado e inversores para salir de la crisis en la que ustedes nos dejaron", le ha espetado al senador Brugera.

Fernández: "La delegada del Gobierno ha estado en todo momento a que se cumpla el mandato constitucional"

Además ha defendido la gestión de la Delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León, durante los incidentes registrados el pasado mes y ha dicho que el responsable del dispositivo policial no necesitaba de ninguna orden para actuar. Preguntado en concreto acerca de quién ordenó las cargas, el ministro ha explicado que "el responsable policial, que en este caso era el jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP) [antidisturbios] no necesita de orden alguna para actuar, sino que en el ejercicio de sus funciones tiene la potestad de hacer que se cumpla la Ley".

Si bien, Fernández Díaz ha matizado que eso no quita que éste responsable policial pueda hacer "las consultas que considere pertinentes". "La delegada del Gobierno ha estado en todo momento a que se cumpla el mandato constitucional", ha añadido.

A su vez, la Confederación Española de Policía (CEP), tercer sindicato en la Comunidad Valenciana del sector, ha presentado una denuncia ante Fiscalía contra el presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes (Faavem), Alberto Ordóñez, al considerarle "cabecilla" de las "revueltas" y sostener que "alentó" a "realizar hechos delictivos" durante las protestas estudiantiles que se llevaron a cabo el pasado mes de febrero en Valencia y en las que destaca en el escrito que la actuación policial era "del todo necesaria para restablecer el orden e impedir el caos". Faavem fue la convocante de la multitudinaria manifestación estudiantil que recorrió Valencia sin incidentes el 29 de febrero.

Según la denuncia interpuesta por el sindicato policial, con fecha 27 de febrero y dada a conocer este martes, Ordóñez hizo unas declaraciones a los medios de comunicación el 20 de febrero en las que aseguraba que iban "a continuar quemando las calles de Valencia" con las que "no solo está incitando al colectivo estudiantil, sobre el que tiene una doble ascendencia, en su calidad de presidente de una federación de estudiantes y miembro del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, a endurecer su protesta mediante actos vandálicos sino que esta actuación, cuanto menos, constituye un delito tipificado en el Código Penal".