IU propone cinco leyes en defensa de los servicios públicos

El coordinador regional de Izquierda Unida  y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, propuso este martes en Huelva un paquete legislativo compuesto por cinco leyes que considera “centrales y fundamentales para defender los servicios públicos en Andalucía”.

“La defensa de los servicios públicos frente a las privatizaciones y la política de recortes es uno de los elementos fundamentales del compromiso político de IU con los andaluces”, dijo ayer Valderas. “No vamos a permitir ni un paso atrás en materia de mantenimiento y defensa de los servicios públicos. Que nos confronta con el PP y su política de recortes, de ajustes presupuestarios, con las privatizaciones y contra todo aquello que quiera reducir el Estado del Bienestar”.

Para ello, propuso la creación de cinco leyes centrales entre las que se encuentran: la Carta de derechos de la ciudadanía, que considera que todos los ciudadanos deben de estar “amparados” por el Estatuto de Autonomía; Ley de Reordenación del Sector Público, “ante lo que ha significado unos decretos fracasados que están siendo rechazados por los funcionarios de Andalucía”; y una ley del Estatuto básico de los funcionarios, para que “haya un derecho que nadie pueda sobrepasar y un nivel de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública”.

Añade además una futura ley de Creación del sistema de servicios sociales de Andalucía; “para incorporar a la educación, la salud y la dependencia unos servicios sociales que “sirvan a esa mayoría que reclama unos derechos que se les están hurtando por parte de las políticas del PP, pero de las que no están exentas de responsabilidad las aplicadas por el PSOE (...)”.

Y por último, presentarían una ley de Transparencia para “evitar cualquier elemento de corrupción en nuestra comunidad”, así como una propuesta del endurecimiento del Código Penal para los culpables de estos casos.

Valderas pidió además al Gobierno andaluz que votara en contra del ajuste del déficit requerido por el Gobierno central para Andalucía, que se sitúa en un 1,5%. El PSOE votó en contra de esta medida, pero este desacuerdo no fue vinculante.