El PSOE aprueba en solitario la ley de reordenación del sector público

El Parlamento andaluz ha aprobado hoy, con el único respaldo del PSOE, el proyecto de ley de reordenación del sector público andaluz, una norma cuya tramitación parlamentaria no ha evitado el rechazo del PP, la abstención de IU, y las protestas de cientos de funcionarios a las puertas de la Cámara.

El texto, cuyo dictamen tiene incluidas 45 enmiendas de socialistas e IU, implicará la reducción, mediante fusión o absorción, de 111 entidades públicas, lo que supondrá un ahorro de unos 118 millones y crear más de una decena de agencias públicas, cuyos estatutos empezarán a aprobarse tras la aprobación de la ley.

Durante el trámite parlamentario, la mayoría socialista ha rechazado las 42 enmiendas al texto presentadas por el PP, mientras que de IU ha rechazado 72, por lo que la ley solo incluye las 32 presentadas por el grupo socialista y trece de IU.

La ley es fruto de la decisión del Gobierno andaluz de llevar al Parlamento, para su tramitación como norma, un decreto de ley, que a su vez fue modificado por otro decreto, donde se incluían los acuerdos con CCOO y UGT, que tienen la mayoría de la representación en la Mesa General de la Función Pública, pero no en la Mesa Sectorial de la Administración General, donde CSIF es predominante.

Entre las modificaciones pactadas con CCOO y UGT se refuerza el papel de lo público y la voluntariedad de los funcionarios y empleados públicos en caso de ser traslados a una empresa pública.

Los funcionarios "han sido, son y serán la columna vertebral" de la función pública, según el diputado del PSOE José Caballos, quien ha acusado al PP de "manipular y mentir" en este asunto, porque la norma "nada dice" de quitar a los funcionarios el ejercicio de las potestades administrativas "directas e indirectas.

Una vez aprobada la ley, la titular de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha agradecido el trabajo realizado para intentar alcanzar un acuerdo por los partidos, las aportaciones de los sindicatos, y ha señalado que a partir de ahora se contará con un sector público "más ágil, eficaz y eficiente.

El diputado del PP Jorge Ramos ha lamentado la "total ausencia de diálogo" por parte del PSOE antes y durante el trámite parlamentario, ha recordado a los funcionarios que protestaban a las puertas del Parlamento y se ha mostrado seguro de que la ley quiere "montar toda la operativa de la huida del derecho administrativo.

El PP, que ha calificado la ley de "chapuza" ha señalado que el Gobierno andaluz "engaña" a los andaluces cuando afirma que desaparecen cien organizaciones jurídicas de la Junta cuando "lo único que desaparecen" son los consorcios de empleo de las comarcas.

Según Ramos, la ley pretende crear una administración más alejada de los controles y alejar a los funcionarios de las potestades administrativas, por lo que su partido apuesta respetar "al cien por cien" competencias y dignidad de los funcionarios, así como los derechos de los trabajadores de las empresas públicas.

El portavoz de Economía de IULV-CA, Pedro Vaquero, que ha señalado que durante el trámite parlamentario su grupo ha pretendido tener una actitud "responsable y constructiva", ha alertado de que con esta ley se corre el riesgo de que los actos administrativos pudieran ser impugnados en el futuro.

IU, que ya se abstuvo en la votación del dictamen en comisión parlamentaria, ha decidido no apoyar tampoco la ley en el pleno que se celebrará esta tarde porque finalmente el grupo socialista no va a apoyar ninguna enmienda más de las 13 que ya incluyó durante el debate del dictamen en comisión.

Vaquero ha destacado la importancia de que el proyecto de ley va a hacer "más público lo público" pero ha señalado que su formación no puede estar de acuerdo con un modelo, por lo que la abstención es la mejor expresión de que "no seremos muleta de unos o volver a la nefasta época de la pinza.

A las puertas del Parlamento andaluz, miembros de plataformas y sindicatos de empleados públicos, que durante meses han realizado diversas manifestaciones, han escenificado, con la representación de un féretro, el "entierro" de la función pública, con una concentración con velas y personas vestidas de negro.

La manifestación a las puertas del Parlamento ha sido posible después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya dado la razón a los sindicatos de funcionarios al anular parte de la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla -que prohibía a los trabajadores protestar a las puertas de la Cámara, cortar el tráfico y hacer ruido- tras estimar el recurso de CSIF.