Interior consultará a Justicia y la fiscalía qué hacer con la plantación de Rasquera

El Ayuntamiento de Rasquera (Ribera d'Ebre) aprobó ayer ceder unos terrenos a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA) para cultivar marihuana. Hoy el consejero de Interior catalán, Felip Puig, ha anunciado que preguntará a Justicia y la fiscalía si la iniciativa es legal.

La polémica medida impulsada por el Consistorio se escuda en la jurisprudencia y en el limbo legal en que se encuentran este tipo de asociaciones de autoconsumo de cannabis con fines terapéuticos o lúdicos. "Se han basado en una argucia legal", ha asegurado una portavoz de Interior. Hasta el momento, la Generalitat no ha movido ficha.

Fuentes de la fiscalía han explicado a este diario que, puesto que se trata de un acuerdo municipal, el órgano legitimado para intervenir es la Abogacía del Estado. Esas mismas fuentes han puesto en duda que la plantación de marihuana sea legal.

Rasquera aprobó ayer gracias a los votos de Esquerra Republicana (ERC), que gobierna en el municipio, ceder un terreno de siete hectáreas para la plantación. El Consistorio busca así sanear sus cuentas. Adeuda 1,3 millones de euros, según explicó el alcalde, Bernat Pellissa.  Los concejales de Convergència i Unió (CiU) votaron en contra de la medida.

El consistorio encargó un estudio sobre la viabilidad jurídica y económica del proyecto. Según el abogado encargado del estudio, Martí Cànaves, "los cultivos de cannabis normalmente son peligrosos porque se llevan a cabo en un espacio cerrado con luz. Esto quiere decir que se producen muchos incendios. El caso de Rasquera será diferente: se hará en una especie de invernadero pero no habrá luz artificial". A su juicio, el proyecto "quiere acabar con la hipocresía y fija las medidas para acabar con los robos, los incendios y la falta de seguridad jurídica".

Los juristas ven dudas legales en la iniciativa de Rasquera, ya que el Código Penal castiga el cultivo de sustancias estupefacientes. Y aunque la jurisprudencia permite el cultivo para el llamado "consumo compartido", no prevé iniciativas como la del municipio.

Según el informe, el Ayuntamiento no cede el terreno para la plantación, sino que actúa como intermediario, ya que los propietarios ceden el terreno al Consistorio y este, a su vez, crea una empresa pública para llevar adelante el proyecto, por tanto desacredita la opinión manifestada por el consejero Felip Puig, que aseguró que los Mossos actuarían si era el Ayuntamiento el que cedía los terrenos para cultivar el cannabis, cuando esas tierras son privadas y el Consistorio únicamente ejerce de mediador para dar seguridad ambiental y jurídica, y obtendrá por ello un beneficio económico. Además, en el informe se indica que la actividad que lleve a cabo la ABCDA es "de su única y exclusiva responsabilidad desde el punto de vista penal, no comportando ninguna responsabilidad por parte de los entes públicos".