2.000 inmigrantes, sin mediadores por impagos municipales en Cádiz

Las puertas están cerradas. Desde este 1 de marzo los inmigrantes que antes contaban con el servicio de atención que ofrecían las oficinas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en la provincia de Cádiz se han quedado sin uno de sus principales recursos para subsistir y mantenerse. Estas sedes ofrecían asesoría laboral y jurídica, atendía sus problemas comunes o les ayudaban a formarse. Pero los impagos de los Ayuntamientos, con una deuda reconocida de 281.926 euros, han terminado de ahogar al colectivo que ya no puede pagar a los profesionales que garantizaban este recurso.

La Asociación Pro Derechos Humanos denunció públicamente hace dos semanas los problemas inminentes que se cernían sobre este servicio que el año pasado atendió a más de 2.000 inmigrantes en la bahía gaditana. Esperaban que esta alarma hiciera despertar a los Ayuntamientos que más dinero les deben. Pero no han obtenido la respuesta deseada. “En El Puerto, solo ha habido silencio. Ni siquiera nos han recibido. Lo mismo, en Chiclana. Al menos, el alcalde de San Fernando nos ha dicho que nos pagará la semana que viene”, lamenta el portavoz de la asociación en Cádiz, Rafael Lara. Los tres municipios están gobernados por el PP.

El colectivo estudia una denuncia en los juzgados por estos impagos porque, según recuerda, los Ayuntamientos sí cuentan con unos recursos económicos que la Junta de Andalucía entregó a estos Consistorios dentro del fondo autonómico de inmigración. “El Puerto, por ejemplo, recibió esas partidas pero no nos las entrega. Y eso que nos pidió facturas y certificados de los trabajos realizados para poder cobrar de esos fondos”, lamenta Lara.

El servicio de atención al inmigrante de la Asociación Pro Derechos Humanos ofrecía muchas posibilidades al extranjero para integrarse en la provincia de Cádiz, obtener un puesto de trabajo y mejorar su situación. Había una mediador laboral y social y un abogado, que gestionaba todos sus requerimientos. También se ofrecían clases de adaptación y lenguas. Algunos Ayuntamientos deben dinero desde 2007. “Hemos resistido gracias a la labor de los voluntarios, que han realizado tareas gratis, y a fondos que nosotros hemos recaudado con festivales, ventas de objetos, y otras actividades. Pero ya no hemos podido aguantar más”.

Los responsables de la asociación han entregado hoy una carta en el Ayuntamiento de El Puerto alertando de las consecuencias de este cierre. “Son personas que quedan abandonadas y eso puede derivar en resultados nefastos”, advierte Rafael Lara. Varios inmigrantes, a modo de protesta, también entregaron en el registro una carta similar. Este viernes repetirán la experiencia en el Ayuntamiento de Chiclana.