Botella defiende la sanción contra el policía municipal que participó en el 15-M

Tanto Izquierda Unida, que ha llevado el asunto al pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid, como el Partido Socialista, que lo ha respaldado, han mostrado su indignación esta mañana ante la actitud inflexible del Gobierno municipal con respecto a la sanción impuesta a un policía municipal por participar en una asamblea ciudadana del Movimiento 15-M. El delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos, se ha remitido a la resolución judicial del caso, pero ha defendido a los mandos policiales en la aplicación del castigo al agente.

El pasado 23 de julio, el agente Javier Roca Sierra “se acercó como cualquier otro ciudadano”, fuera de servicio y vestido de paisano, a una asamblea ciudadana celebrada por el 15-M. “Hizo lo que cualquier ciudadano libre hubiera hecho en democracia, sin esperar repercusiones negativas: cogió el micrófono y dio su opinión”, según ha relatado Raquel López, concejal de Izquierda Unida. “Para su desgracia, alguien colgó su intervención en YouTube”, aunque la intención del agente nunca fue que sus palabras fueran difundidas públicamente, ha añadido.

El agente advirtió al principio de su intervención: “Este es un mensaje personal, en mi nombre y sólo en mi nombre”. En su discurso aseguró que los policías municipales, “pese a su trabajo, también son indignados”, y les pidió que se involucren para construir un mundo más pacífico. “Esas declaraciones son a título personal, pero en ellas se manifiesta su condición de policía, aunque estuviera fuera de servicio y de paisano”, asegura De Guindos.

Por ello, en su opinión cabe aplicar, como se hizo, el artículo 8 de la ley orgánica 4/2010 sobre el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, extensible a los agentes municipales, que sanciona como falta grave “el abuso de atribuciones”. El castigo fue aplicado de forma “proporcionada”, en opinión del delegado municipal: se le suspendió de empleo y sueldo durante cinco días, la pena mínima, cuando se podía haber llegado hasta los tres meses de sanción.

Sin embargo, como ha hecho notar Izquierda Unida, este castigo “mancha un expediente impecable de 25 años”, por lo que el agente pierde derecho a la bonificación económica que le correspondería. Y todo por su “esperpéntica idea”, ha señalado la concejal de forma irónica, de expresar su opinión libremente.

Según ha explicado De Guindos, el agente pidió a sus compañeros que hicieran dejación de sus funciones, conminándolos a “dejar el uniforme colgado” a la hora de sumarse a las protestas ciudadanas del 15-M “Si no hubiera sido policía, sus declaraciones no habrían tenido esa repercusión, resultando así lesivas para el buen funcionamiento del cuerpo”, ha añadido. Habló además en nombre de otros agentes, según el delegado, al afirmar: “Sé que muchos compañeros de curro acompañan este movimiento”.

En cualquier caso, De Guindos, tras defender la decisión de los mandos policiales, ha asegurado lo que “procede es esperar a la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo” al recurso del agente. “En este momento no se puede estudiar la anulación porque [el asunto] está judicializado”, ha concluido.

Izquierda Unida ha matizado que se trata de una cuestión política, y no administrativa, pues pone en evidencia que “los mandos policiales castigan a unos agentes si se manifiesta de una manera y no de otra”. “Se está usando el código de sanciones contra un policía por desarrollar el derecho constitucional a la libertad de expresión”, ha añadido la concejal. Y todo “por tomar la palabra por más de seis minutos finalizando con exhortaciones al resto de compañeros, a los que animó a pensar”, ha concluido.

El Partido Socialista ha abundado en la crítica contra el Gobierno local, del que “esperaba inteligencia, flexibilidad y benevolencia”. “Defender el derecho de la libertad de expresión es fundamental” ante esta “interpretación rigorista” de la norma, ha añadido, para concluir conminando al Ayuntamiento a que elimine sus referencias al 15-M en la información proporcionada al Comité Olímpico Internacional, toda vez que no se corresponde en su opinión con la realidad.

En el informe remitido al COI, la candidatura de Madrid 2020 aseguraba: “La situación económica mundial ha hecho emerger movimientos contestatarios. España no ha quedado al margen, y el movimiento 15-M ha llevado a cabo protestas de carácter pacífico que han estado siempre bajo el control y el acatamiento a la legislación que regula y garantiza el derecho a la libertad de expresión y de reunión. Su existencia misma no pretende alterar el normal funcionamiento de las instituciones del Estado ni la vida de los ciudadanos y se opone a ser instrumentalizado por sectores extremistas”.