El fiscal retira los cargos contra los 11 acusados del hundimiento de la A-7

La Fiscalía retiró ayer todos los cargos contra los 11 acusados por el accidente de la A-7 en Almuñécar (Granada), que en 2005 costó la vida a seis trabajadores. La acusación pública pedía en sus conclusiones provisionales hasta cuatro años de prisión por supuestos delitos contra el derecho de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones imprudentes. Con el juicio a punto de terminar, ha retirado la acusación. El miércoles argumentará la decisión en su informe final.

Las acusaciones populares, que en este caso ejercen los sindicatos UGT y CC OO, siguieron la postura fiscal, aunque no de forma tan rotunda. Las dos formaciones retiraron los cargos por los seis delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes. Sin embargo, sí que mantienen la acusación por la posible comisión de un delito contra la seguridad y salud laboral, aunque no para todos los imputados.

En la primera sesión, ya se retiraron los cargos contra Juan Francisco Martín Enciso, jefe de Demarcación de Carreteras en Andalucía Oriental cuando ocurrieron los hechos. Tras estudiar las pruebas y oír los testimonios, el fiscal ha vuelto a rectificar.

Durante el proceso, tanto el director del proyecto del tramo La Herradura-Taramay, donde tuvo lugar el desplome, como el responsable de seguridad designado por Fomento, eludieron cualquier responsabilidad durante el siniestro. El resto de acusados siguió la misma línea. Los testigos y los peritos tampoco han revelado las causas concretas del derrumbe, aunque sí han hablado de motivos probables, como la rotura de soldaduras o el aflojamiento de tornillos.

Los testigos y los peritos creen que el siniestro pudo producirse por  la rotura de soldaduras o el aflojamiento de tornillos

El suceso tuvo lugar el 7 de noviembre de 2005. Una autocimbra que se utilizaba para construir un viaducto en Río Verde se desplomó desde unos 70 metros de altura. Seis trabajadores fallecieron y cinco resultaron heridos.

Cuando se inició el juicio había 12 acusados. El primer día se redujeron a 11 y ayer otros dos, el encargado y el capataz de una las empresas contratadas, quedaron libres de cargos por parte de todas las partes personadas en el caso.

UGT, que acusaba a 10 personas inicialmente, mantiene finalmente cargos contra seis por un delito contra la seguridad y salud laboral y pide penas que van de los seis meses a los tres años de prisión. Este sindicato también reclamaba al principio la clausura de dos empresas, pero retiró la petición. Se refería a Estructuras y Montajes Prefabricados, contratada para la ejecución de la obra; y a Puentes y Calzada, fabricante de la cimbra siniestrada. Por su parte, CC OO modificó sus conclusiones y acusa solo a ocho de los que inicialmente fueron imputados, para los que pide dos años y medio de cárcel.

Todas las defensas solicitan, como al principio, la absolución de sus representados. En el juicio no ha habido acusación particular. Las víctimas o sus familiares ya fueron indemnizados con anterioridad.