Martinsa pagará costas millonarias por perder el juicio contra Jove

Fernando Martín (Martinsa) ha errado el tiro con la demanda multimillonaria que presentó el año pasado contra el empresario Manuel Jove, (Inveravante), que en 2006 le vendió la inmobiliaria Fadesa. El primero acusaba a Jove y a su exconsejero delegado, Antonio de la Morena, de haber suministrado a la tasadora CB Richard Ellis datos falsos en 37 activos (suelos y promociones inmobiliarias). Esos activos, que según Martinsa estaban inflados para incrementar el precio de la compañía, habrían causado un daño patrimonial a la empresa de 1.576 millones, algo que, según la sentencia conocida ayer, no existió.

 El juzgado mercantil de A Coruña, el mismo que pilotó el concurso de acreedores de la inmobiliaria, desestimó ayer íntegramente la demanda argumentando que no hay “ninguna prueba de actuación u omisión imputable a Manuel Jove o Antonio de la Morena que pueda ser considerada contraria a la ley [...] que deba ser señalada como causante del daño que Fadesa, después Martinsa, dice haber sufrido”. Para empezar, desgrana que Fernando Martín compró “acciones, no activos”, y que “la valoración de CB Richard Ellis no tuvo ni pudo tener ninguna influencia ni en la decisión de adquirir las acciones de Fadesa ni en la de financiar la compra; no la tuvo, tampoco en la decisión de fusionar las dos compañías [la de Martín y la de Jove] bajo la fórmula de una absorción con la que afloraron [...] grandes plusvalías contables”.

El precio convenido, de 35,7 euros por acción, suponía asignar a Fadesa un valor de 4.045 millones, frente a una tasación de 10.019 millones de la empresa en cuestión. Eso significa que “tanto la Bolsa como los oferentes no tomaban en consideración el valor bruto de mercado que Richard Ellis había asignado a los activos”. El juez da más argumentos contra las pretensiones de Martinsa, como que en agosto de 2007, reconoció que “había llevado a cabo un examen exhaustivo de la situación de la sociedad [...] con el debido asesoramiento legal y técnico, de los activos y todos los aspectos de la actividad empresarial desarrollada por la misma”. Después de este examen, Martinsa manifestó “su satisfacción con la situación de la sociedad y su conformidad con la gestión llevada a cabo por los directivos y consejeros de Fadesa”.

La valoración que Martín cuestiona no influyó en el precio de venta de Fadesa

La firma que según Martinsa valoró mal los terrenos y promociones de la inmobiliaria, continuó haciendo tasaciones al alza de la compañía. Por lo tanto, las expectativas iniciales “se confirmaban muy satisfactoriamente: el valor razonable de mercado de Fadesa era incluso superior al esperado y se mantuvo en los meses siguientes, cuando ya era evidente el nacimiento de la crisis. La selección de la información remitida en las dos últimas ocasiones a Richard Ellis se hizo bajo el mandato de los nuevos gestores de Fadesa”.

La sentencia continúa: “Ninguna expectativa pudieron fundar los adquirientes en el informe y ningún incentivo podían tener los gestores para inflar la valoración de sus activos cuando, cualquiera que fuera el valor resultante, el precio por acción ya había sido previamente determinado y el compromiso de vender ya había sido irrevocablemente contraído”. Tampoco tiene el juez constancia de que Jove o su socio “interviniesen personalmente en la selección de la información que llegaba a la tasadora”.

Para los abogados de Manuel Jove y Antonio de la Morena, la sentencia demuestra que la demanda interpuesta por Martín era “un enorme fraude procesal ya que ni había hechos, ni pruebas ni tampoco fundamentos de derecho”. Martinsa, que aseguró en un comunicado que “respeta la sentencia”, tiene ahora otro problema: ha sido condenada a pagar las costas del proceso, que fuentes jurídicas —basándose en las tablas del Colegio de Abogados— cifran en no menos de 15 millones de euros. “Es la estimación para una demanda de 1.500 millones que habría que multiplicar por dos [al haber dos demandados] y que puede ser rebajada o aumentada por el juez en función de lo que hayan costado los informes periciales, los abogados y todo lo demás”, cifran esas fuentes. Martinsa, que estudia recurrir la sentencia, podría aplazar así el pago de las costas multimillonarias. Pero se arriesga a tener que pagar entre un 50% y un 60% más si vuelve a perder. El órdago que le puede salir muy caro.