El TSJC será la última instancia para los recursos del Derecho civil catalán

El pleno del Parlament ha aprobado esta tarde una ley que otorga al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la competencia para convertirse en última instancia para resolver los recursos sobre Derecho civil catalán. Hasta ahora, los asuntos superiores a 120.000 euros se resolvían en el Tribunal Supremo.

Esta ley es la primera norma procesal que aprueba el Parlament desde su restablecimiento en 1980 y nace al amparo de las competencias que atribuye el Estatut al TSJC en materia de justicia y que no fueron recortadas por la sentencia del Tribunal Constitucional. Solo los 17 diputados del PP han votado en contra y han anunciado que presentarán un recurso de inconstitucionalidad, mientras que los tres de Ciutadans se ha abstenido. Los otros 109 diputados presentes en la cámara han votado a favor.

La ley ha sido impulsada por el PSC recogiendo el proyecto que en su día presentó el tripartito y que decayó por la disolución de la Cámara. El Tribunal Superior se convertirá en la tercera y última instancia para resolver los pleitos sobre Derecho civil catalán que se inician en los juzgados de primera instancia y que después pasan a las audiencias provinciales. El texto reconoce al TSJC la capacidad para tener "criterios propios y estables" en relación con este recurso y atender las situaciones que se puedan generar ante el dilema de aplicar el Código Civil o el Derecho Civil catalán en un mismo asunto.

La ley permitirá que todos los recursos se resuelvan en el Tribunal Superior, sin importar la cuantía

La atribución de esta competencia al TSJC aligerará, además, la resolución de los recursos, pues la Sala Civil y Penal que preside el magistrado Miguel Ángel Gimeno y que se encargará de ello tiene una carga de trabajo muy inferior a la del Tribunal Supremo en la que actualmente se resuelven algunos de estos pleitos.

"Hoy retomamos el hilo conductor de la historia de Cataluña", ha proclamado esta tarde la diputada del PSC Agnés Pardell, impulsora de la ley, al tiempo que ha asegurado que, de esta manera, se sitúa al TSJC "en el centro del poder judicial en Cataluña". Por su parte, el diputado de ICV Salvador Milà ha recordado que, después de esta ley, "el Derecho civil catalán será el que apliquen los jueces al final, aunque no lo hayan hecho al principio".

Pere Aragonés (ERC) ha dicho que el Derecho civil catalán estaría incompleto si no tuviera la jurisprudencia que a partir de ahora se empezará a generar con las sentencias que dicte el TSJC. Más escéptico se mostró el diputado de Solidaritat Alfons López Tena, quien ha afirmado que todos los diputados del TSJC que resolverán esos recursos son nombrados a dedo, sin importar la antigüedad en el escalafón y que a ninguno se le exigen conocimientos de Derecho civil catalán. Elena Ribera (CiU), por el contrario, defendió la "competencia profesional" de estos jueces.