Comisión evaluatoria

El borrador del decreto presentado ayer prevé la constitución de una comisión que se encargará de la evaluación y valoración de los casos de quienes aspiren a ser reconocidos como víctimas. “Será una estructura muy ligera, pero de principios muy rígidos” que serán “la colaboración y la eficacia”, dijo su redactora, la exmagistrada Manuela Carmena.

El Ejecutivo ha avanzado trabajo y cuenta ya con los certificados de defunción de 60 personas que constaban en el listado elaborado por la Dirección de Derechos Humanos, cuya responsable, Inés Ibáñez de Maeztu, presidirá la comisión. El Gobierno nombrará a dos representantes, otros dos el Parlamento y un quinto la Dirección de Víctimas del Terrorismo.

Para Carmena, esa comisión será la verdadera “máquina” del decreto. Todos sus integrantes habrán de ser expertos independientes, pese a su carácter político y su dependencia del Ejecutivo. Está previsto un sexto miemro, un ciudadano normal, que puede ser elegido, sugirió como ejemplo, de entre las listas para los jurados populares.

La comisión tendrá que entrevistar a las víctimas y comprobar la veracidad de los hechos. “Pediremos pruebas posibles. Venimos de la impunidad”, adelantó Carmena, en referencia a la flexibilidad con que se compensará el largo tiempo transcurrido desde unos hechos que no se repararon en su momento. El objetivo final es ofrecer, también a estas víctimas, “reparación, verdad, justicia y dignidad”.