Devolvamos las competencias

Rosa Fuster, la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, expresando el sentir de la mayor parte de los colegiados, ha pedido que se le devuelvan al Estado las competencias en esta materia. Es la respuesta corporativa a los crecientes recortes económicos y desajustes que están deteriorando la asistencia a los pacientes, “especialmente a los más desfavorecidos”, como no podía ser de otro modo. Los farmacéuticos, enfermeros, docentes y proveedores de toda laya de la Generalitat están asimismo agobiados o decididamente arruinados por la insolvencia de las finanzas autonómicas, con el agravante de que tampoco se atisba una solución a esta quiebra. En tales circunstancias habría que tomarse muy en serio la propuesta de los galenos y considerar la conveniencia de suspender el Estatuto e instar la tutela y administración estatal de la autonomía.

La opción puede parecer dura y mortificante, pero también es sin duda alguna pertinente debido al rotundo fracaso de las sucesivas y concatenadas administraciones autonómicas del PP, desde 1995, caracterizadas por los despilfarros y la corrupción que nos han abocado a este aflictivo trance. En todo caso, se trataría de una solución provisional, vigente tan solo hasta que se recompusiera el erario y el partido del gobierno doméstico cribase los chorizos de sus huestes. O sea, una provisionalidad muy a la española. Además, para mantener la memoria institucional del autogobierno que pudo ser y no herir demasiado los sentimientos, se mantendría el organigrama gubernamental, con su molt honorable presidencia, consejeros, diputados y habitual paripé, solo que indotados de recursos para gastar e invertir, más allá del dinero de bolsillo. En realidad, tal cual está aconteciendo ahora mismo, como delata la fronda insurgente de los acreedores y la ausencia casi total de iniciativas públicas por falta de medios.

Puede argüirse que una gobernanza de esta guisa conlleva un fraude a la voluntad de los electores, pero no es así a poco que se reflexione. El gobierno y el poder seguiría residiendo en el partido que ha venido eligiendo la mayoría de los votantes valencianos: el PP, solo que las decisiones se polarizarían en Madrid, como era tradición. Al fin al cabo, no nos engañemos, el autonomismo de la derecha valenciana nunca trascendió del regionalismo bien entendido y únicamente se ha aplicado con más interés a la autonomía cuando descubrió en ella un vivero de aprovechamientos personales. O sea, un botín. Una actitud censurable, obviamente, pero muy acorde a nuestro entender con la calaña moral y cívica de gran parte del país, tan laxa como cómplice. ¿O es que acaso la desventura de los valencianos es imputable únicamente a un puñado de saqueadores y a la ineficiencia judicial? Unas dosis de autocrítica son muy aconsejables.

Un episodio como el que describimos tiene también otras ventajas, más allá de rescatarnos de la quiebra. Por lo pronto, el Consell en pleno, con su presidente a la cabeza, quedaría relevado de dar cuenta de su gestión, un deber que, por otra parte, se han pasado por el arco muy a menudo y por más que se le haya requerido. Además, y en su conjunto, disimularían su flagrante incompetencia. En adelante y más que nunca Madrid cargaría con el mochuelo. Y como el tutelaje iría para largo, con el tiempo es posible que la izquierda del País Valenciano ahormase por fin una alternativa de gobierno. Puestos a imaginar, no nos privemos de nada.