Los directores denuncian un "uso incorrecto" de datos de alumnos

 La última carta que la Consejería de Educación ha remitido a algunas familias de alumnos vuelve a ser fuente de polémica. La misiva -en la que la consejería explica a los padres que sus centros han renunciado a un plan de ayuda- molestó a parte de la comunidad educativa al considerar que la Administración estaba "enfrentando a las familias con los centros". Ahora la asociación mayoritaria de directores de instituto (Adimad) alerta de que, además, puede esconder un uso "incorrecto" de los ficheros de datos del alumnado que, según la Ley de Protección de Datos, deben custodiar los propios directores.

Adimad señala su "perplejidad y desagrado" por el envío de la carta que, añaden, "parece destinada a castigar o señalar" a los centros que renunciaron y muestran "sorpresa" por el uso de ficheros. Según informa la propia consejería en su web (y citan los directores en una nota informativa) la Ley Orgánica de Protección de Datos considera que el responsable de los ficheros de datos es quien "puede decidir sobre el contenido la finalidad y uso de los datos" y, en el caso de colegios públicos e institutos "corresponderá a la dirección del centro en cuestión".

Como los directores no autorizaron la utilización de los ficheros, prosigue Adimad, será la consejería la que "en caso de reclamación por parte de las familias, deberá asumir la responsabilidad". Un portavoz de Educación responde que la consejería "tiene dados de alta a través de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid el contenido de estos ficheros que pueden ser utilizados para cualquier fin relacionado con temas educativos".

La carta que envió la consejería iba dirigida a los padres de los alumnos de una veintena de institutos (de los 340 de la red regional) que rechazaron implantar el plan de apoyo conocido como Plan Refuerza que se implantó este curso en los centros de secundaria. Explicaba que la Consejería de Educación ha impulsado un programa “especial” de ayudas económicas (dotado con cinco millones de euros) para que los equipos directivos de los centros organicen las actividades extraescolares “que, a su juicio, mejor convengan para la formación académica y cultural de los alumnos”. Educación, que justifico el envío por las "múltiples peticiones de información al respecto", añadía que el Consejo Escolar de algunos institutos las había rechazado y enumeraba los programas de apoyo académico o refuerzo de idiomas que se habían perdido junto con la cantidad destinada y rechazada. Educación calcula que la veintena de institutos afectados suman 250.000 euros.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres Giner de los Ríos y los sindicatos CC OO y UGT rechazaron el plan cuando se planteó por “discriminatorio”, al considerar que prima “la excelencia” de parte de los estudiantes “en lugar de atender al alumnado con necesidades educativas y de aprendizaje" y que emplea monitores sin la formación de los docentes públicos.