El socio del hermano de Castedo llamó a una testigo antes de declarar

La abogada Rosa María Olcina Jover, testigo de la pieza del caso Brugal que investiga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, admitió este miércoles al juez que antes de ir a declarar recibió dos llamadas de sendas personas vinculadas a la causa, una de ellas un imputado. No obstante, la testigo aseguró al magistrado, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que en ningún caso recibió amenazas o coacciones.

Según fuentes del caso, las dos personas que llamaron a la testigo fueron su antiguo jefe, el exedil socialista Javier Gutiérrez, que está imputado en el sumario, y un vecino, un concejal socialista. La abogada compareció ante el juez en calidad de testigo a petición de la acusación popular del PSPV.

La llamada de Gutiérrez a su exempleada, según su defensa, se efectuó el mismo día que recibió la citación judicial para acudir a testificar. “Gutiérrez la llamó sólo para comunicarle que tenía que ir a declarar como testigo”, dijo el letrado.

Rosa María Olcina Jover es extrabajadora de la firma G&M Gestión del Suelo, propiedad de Javier Gutiérrez. El exconcejal socialista se asoció, más tarde, con José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, en el despacho Salvetti Abogados.

José Luis Castedo también está imputado en el sumario. Según la investigación, Salvetti Abogados tramitó alegaciones al plan general que luego eran estimadas sobre la base de la información privilegiada que recibían.

La testigo trabajó para la firma de Javier Gutiérrez entre 2006 y febrero de 2008. El despacho Salvetti Abogados se constituyó en noviembre de 2008. Hasta esa fecha y desde 2004, José Luis Castedo había trabajado en los servicios territoriales de la Consejería de Urbanismo.

En su declaración, la abogada señaló que durante el tiempo en el que trabajó en la firma G&M Gestión del Suelo nunca vio pasar por las oficinas de la empresa al hermano de Castedo ni a la alcaldesa, ni a su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ni al promotor Enrique Ortiz. También rechazó que esa empresa realizara ningún trabajo relacionado con el PGOU de Alicante durante el tiempo que ella estuvo como empleada.

La investigación, en cambio, sostiene que esa primera firma de Gutiérrez y el despacho Salvetti Abogados fueron el puente del que se valió la trama, liderada por el exregidor Alperi, para amañar el planeamiento en favor de promotor Enrique Ortiz.

El PSPV había propuesto como testigo a la recepcionista de la empresa de Gutiérrez. El letrado de esa parte renunció a su testimonio, tras la declaración de la primera extrabajadora.

El juez interrogó como testigo a Luis Miguel Sirvent, un colaborador de Ortiz en temas urbanísticos. Sirvent admitió las conversaciones recogidas en las escuchas del sumario, pero puntualizó que hablaban sobre cuestiones del PGOU que ya estaban en fase de exposición al público.