La Junta pide que la juez Alaya delimite la investigación de los ERE fraudulentos
El Gobierno andaluz estima que el caso sufre una "indiscriminada ampliación" a aspectos "carentes de relevancia penal"
La Junta cuestionó ayer la “relevancia penal” de los datos que la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, le ha pedido en sus últimos autos, por lo que el Gobierno andaluz le ha solicitado que "delimite" la investigación. La magistrada ha solicitado al Gobierno una ingente cantidad de información que este considera una “indiscriminada ampliación a aspectos carentes de relevancia penal” que perjudican a la investigación. La Junta denunció a través de un comunicado que las cuestiones clave para el caso penal radican en la intención de enriquecerse ilícitamente de ciertas personas, al margen de que el procedimiento administrativo sea cuestionado.
En su día el Gobierno ya pidió a la juez que citara a declarar como imputados a empresarios de la Sierra Norte sevillana porque habían alterado datos del registro mercantil que afectan a la investigación. Tras afirmar la juez que la Junta pudo idear un sistema para eludir los mecanismos de control de la Unión Europea, ayer el Gobierno replicó que hay condicionantes que eximen a las ayudas de la obligación de contar con el visto bueno de Bruselas.
Por su parte, el PP siguió con sus denuncias. El secretario general, Antonio Sanz, dijo haber descubierto un “tercer fondo de reptiles”, esta vez radicado en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, ya como presidente José Antonio Griñán en la Junta. Mostró un documento de una ayuda sociolaboral otorgada en 2010 por esta consejería que, según su interpretación, asume “compromisos de pagos similares” a los de los ERE adquiridos previamente por la Consejería de Empleo.
Se trata de una carta, firmada por el director general de Empleo, Daniel Rivera, fechada el 14 de septiembre de 2010, en la que se concede una ayuda sociolaboral por valor de 450.000 euros a favor de la empresa Avantia Ticsa (auxiliar de Acerinox), después de que la Consejería de Empleo “ordenara”, dijo Sanz, su pago a Innovación a través de un post it incorporado al documento.
El dirigente popular —quien volvió a asegurar que había obtenido la carta de “fuentes anónimas”— sostiene que esta vía es un “tercer fondo de reptiles” e implica directamente a Griñán y al consejero de Empleo, Manuel Recio. Su lectura es que Empleo opta por esta táctica en la búsqueda de “cómo ingeniárselas” para hacer frente a pagos ya comprometidos, sin hacer uso de la partida 31L (la conocida como fondo de reptiles).
