Suspendido el juicio a policías municipales por atraco y detención ilegal

La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido esta mañana el juicio contra los policías municipales de Villanueva de la Cañada Carlos Martínez Otero y José Manuel Morillo Gil, ambos de 33 años, que iban a sentarse en el banquillo de los acusados junto con otros dos compinches. A los cuatro se les imputan los delitos de robo con violencia e intimidación (atraco) y detención ilegal, por lo que el fiscal les pide una condena de ocho años y medio. El juicio se celebrará el 9 de mayo.

Fuentes jurídicas han explicado a Efe que el aplazamiento de la vista se ha debido a diversas cuestiones relacionadas con el procedimiento de la causa, entre ellas el recurso de una de las defensas contra la personación en la causa como acusación popular del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, y la ausencia de una prueba documental de Valencia que no ha llegado a tiempo.

A la sección cuarta de la Audiencia madrileña se habían acercado esta mañana solo tres de los acusados, los agentes Carlos Martínez y José Manuel Morillo y el supuesto compinche Roberto Núñez Quintero, ya que el cuarto procesado, Rafael Francisco Hornero Cruz, el único con antecedentes penales por robo con fuerza, está en paradero desconocido.

Según el escrito del ministerio público, los dos agentes asaltaron un camión de una conocida empresa de distribución vestidos con sus uniformes reglamentarios. Los agentes pertenecen a las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam, policías locales que pagados por el Gobierno regional). Uno de ellos, Carlos Martínez, está considerado el líder de la banda. De hecho, en el trabajo era considerado como “un trabajador conflictivo”, según fuentes municipales. Acumulaba varios expedientes disciplinarios.

Las detenciones las efectuó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de la denominada Operación Junco en marzo de 2010. Los investigadores acusaron a los cuatro acusados de formar una banda dedicada a robar camiones en ruta y apoderarse de todos los objetos de valor que llevaban. Preferían vehículos que transportaran material informático, electrodomésticos y aparatos electrónicos de última generación. Al frente de todo el entramado estaba uno de los agentes de la Bescam.

Los hechos por los que se les imputa ocurrieron el 15 de diciembre de 2009, cuando un transportista salió con su camión marca Volvo de unos almacenes de Valdemoro con mercancía valorada en 101.364 euros con destino a la ciudad de A Coruña. Cuando estaba a la altura del kilómetro 42 de la autovía A-6, en Villalba, un turismo lo adelantó y le obligó a parar en el arcén.

El camionero creyó que se trataba de un vehículo policial camuflado, por lo que se detuvo. Del turismo se bajaron Carlos Martínez y José Manuel Morillo, pertrechados con el uniforme de policías. Ambos le dijeron al conductor que se bajara del camión con la documentación y les acompañara a su coche. En ese momento, le metieron por la fuerza. Una tercera persona, que estaba a los mandos del turismo, salió de allí a toda velocidad, según el escrito de acusación.

Al lugar donde estaba parado el camión, acudió otro de los acusados, Rafael Francisco Hornero, de 25 años, que condujo el camión durante una hora hasta un lugar apartado para hacerse con la mercancía que transportaba. El cuarto implicado, Roberto Núñez Quintero, de 26 años, fue el que se encargó de seguir al camionero hasta el punto en que fue detenido el camión. Esto permitió, según el ministerio público, que los dos policías municipales perpetraran el robo.

A las once de la noche de ese mismo día, los dos agentes llevaron al camionero hasta la urbanización Calypo-Faro, en Navalcarnero, junto a la autovía de Extremadura (A-5) y le liberaron. Antes se apoderaron de su carné de identidad y le advirtieron que no denunciara lo ocurrido. El vehículo fue localizado cuatro días después, en calle de Tulipanes, en Móstoles. No tenía ninguna mercancía. La Guardia Civil logró recuperar parte de la mercancía, valorada en 82.600 euros.

El fiscal les pide tres años y seis meses por el delito de robo con violencia e intimidación y otros cinco años por el de detención ilegal, además de indemnizar a la víctima con lo que estipulen los magistrados de la sección 3ª de la Audiencia Provincial. También deberán compensar a los grandes almacenes por la cantidad de mercancía no recuperada por los investigadores de la Guardia Civil tras las detenciones.