El fiscal pide cárcel para el alcalde de Otura por prevaricación urbanística

La Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel y 28 de inhabilitación para el alcalde de Otura (Granada, 6.747 habitantes, Ignacio Fernández-Sanz (PP), al que cree responsable de delitos continuados de prevaricación urbanística y ordinaria. El regidor supuestamente concedió la licencia de ocupación de unas viviendas y posteriormente aprobó la recepción de obras de urbanización de la zona sin que los trabajos estuvieran terminados. Los hechos ocurrieron al inicio del anterior mandato municipal, en 2007

El alcalde está acusado junto al resto de integrantes de la Junta de Gobierno Local que aprobaron la operación urbanística. Para los cuatro concejales implicados el fiscal pide dos años de cárcel y 18 de inhabilitación respectivamente. En julio de 2007, los cinco ediles adoptaron de forma “unánime” un acuerdo por el que se concedía la licencia de ocupación para cuatro viviendas de una urbanización que no había sido finalizada, lo que contraviene la normativa urbanística. Los concejales eran conscientes de la ilegalidad, ya que así se lo había avisado un técnico municipal. La Junta de Gobierno Local prescindió también del preceptivo informe jurídico, cuya omisión fue advertida por el secretario.

Meses después, en octubre, los acusados, de forma también “unánime”, concedieron la licencia de ocupación de 46 viviendas en la misma urbanización con “idénticas infracciones legales”, según el escrito del fiscal.

Mientras, en mayo de ese mismo año, la concesionaria de la obra pública de urbanización solicitó que el Ayuntamiento aprobara la recepción parcial de las obras, algo a lo que se opuso el arquitecto municipal con un informe desfavorable. Según el técnico, lo construido no coincidía completamente con lo que se había aprobado en el plan parcial y presentaba “importantes defectos y omisiones”. Entre otros, por ejemplo, faltaban informes preceptivos de la red de abastecimiento de agua.

Pese a todo ello, la Junta de Gobierno Local aprobó la recepción de las obras de urbanización sin hacer referencia al carácter “parcial” y condicionó a que en el plazo de 90 días se subsanaran las deficiencias que se habían puesto de manifiesto. Cuando habían transcurrido solo 15 días de esos 90, el alcalde tomó la decisión de “poner fin” al procedimiento aunque las obra estuvieran en cualquier estado. El técnico volvió a informar en contra de la recepción de las obras, pero Fernández-Sanz dio por subsanados los defectos y recepcionó las obras.