La Consellería de Economía se defiende ante la patronal eólica

Después de mostrar su disgusto, improvisar una solución y acudir a una cita —el lunes— con el ministro de Industria, José Manuel Soria, el Gobierno gallego ha mirado hacia el sector para intentar aplacar los ánimos por la supresión de las primas a la energía eólica.

Ayer, el Conselleiro de Industria, Javier Guerra, mantuvo un encuentro con la Asociación Eólica de Galicia (EGA), que hace unos días fue muy crítica con la actuación de su gabinete a propósito de los cambios normativos que anunció el Gobierno central. “El conselleiro le transmitió al sector que continuará defendiendo el liderazgo eólico de Galicia”, aseguraba la nota oficial —al acto no fueron convocados los periodistas—. Guerra les recordó que el lunes “acompañó al presidente de la Xunta a la reunión con el ministro para trasladar directamente las propuestas basadas en la eficiencia de los parques gallegos, que se adaptan al nuevo marco energético planteado”. Ese marco significa, según la patronal, “la paralización del desarrollo en Galicia”. En el aire siguen los 2.325 megavatios del concurso eólico que iban a sacar a Galicia de la crisis gracias a una inversión de 6.000 millones de euros y la creación de 13.000 empleos.

Industria defendió ante la patronal “una dinámica de colaboración responsable que favorezca el desarrollo de Galicia como una potencia eólica”, y les transmitió que sus propuestas —criticadas duramente durante la última reunión de la patronal— “están basadas en la eficiencia de los parques, que se adaptan al nuevo contexto energético”. La alternativa que Galicia ha trasladado al Gobierno supone primar los parques que alcancen las 2.500 horas de viento anuales, —los gallegos superan esa media—, frente a la media de viento en España, de 2.200 horas. Pero el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy está muy centrado en reducir el déficit tarifario, que asciende a 25.000 millones de euros.

La moratoria del Ministerio deja aparcados proyectos en España que suman 11.000 megavatios y que contarían con el visto bueno de las administraciones regionales pero estarían a la espera de la apertura del registro de preasignación. Sin estar apuntado en ese registro, ningún proyecto puede recibir ayudas públicas. De hecho, el concurso gallego fallado en diciembre de 2010 basaba su desarrollo en la existencia de primas, por lo que algunos adjudicatarios de megavatios estudian ahora recursos contra la Administración autonómica. “Hemos invertido dinero y tiempo en algo que no existe”, asegura un promotor eólico. Guerra, a preguntas de este periódico, negó que tenga algún temor ante la posibilidad de que las empresas demanden a la Xunta. “El régimen económico no corresponde decidirlo a la Consellería”, argumenta su departamento.

Guerra trasladó al Gobierno su plan para primar los parques gallegos

La asociación eólica, que ayer no quiso hacer una valoración del encuentro, insiste en que el desarrollo del viento “no genera un déficit de tarifa”, y rechaza por tanto que ese sea el argumento para paralizar las primas.

En la reunión no faltaron los reproches del conselleiro al Gobierno de Zapatero, que según él “colocó al mercado español en unas cotas de déficit tarifario insostenibles”, a lo que suma “la paralización”, de los parques “durante la etapa del bipartito, que freno la entrada de megavatios en el prerregistro de junio de 2009”.

El concurso organizado por el bipartito acabó siendo anulado por decisión de Guerra “por inseguridad jurídica”, aunque posteriormente un fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avaló el procedimiento tumbado por la Xunta del PP.