Feijóo emula a Aguirre y dejará de pagar las bajas a los funcionarios

La Xunta dejará de pagar a los funcionarios que estén de baja el sueldo de los 21 primeros días que no acudan a su puesto de trabajo. Solo cumplirá con el llamado complemento de incapacidad temporal en los casos de bajas por maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Es uno de los 10 puntos de ajuste de gasto que la Xunta ha propuesto a los sindicatos, que coinciden en rechazar las medidas y ya anuncian movilizaciones. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo no ha tenido que pensar demasiado la decisión ya que es calcada a la que impuso el Ejecutivo de Esperanza Aguirre a los trabajadores de la Comunidad de Madrid en la ley de acompañamiento de los presupuestos.

Los 90.000 funcionarios gallegos no tendrán ningún tipo de retribución durante los tres primeros días de baja y desde el cuarto cobrarán el 60% de las arcas de la Seguridad Social. La Xunta solo completará el 40% restante a partir del día 21. Hasta ahora cobraban el 100% de su salario desde el primer día. Eliminar las pagas durante las bajas por enfermedad supone una cifra cuantiosa para el “40% o 50% de los empleados públicos, que son mileuristas”, apunta Juan Carlos Rivas, de CSIF. Un administrativo de la Xunta con pocos trienios cobra unos 1.200 euros al mes, estima desde la CIG María Carme López Santamariña. Con esa base, una baja que se alargue 21 días supondría perder 648 euros de salario.

Además, la Xunta ofrece a los funcionarios y laborales fijos reducir su jornada laboral de 37 horas y media en un tercio como máximo, con la consiguiente rebaja de su salario. Esta medida, voluntaria para los que tienen puesto fijo, será obligatoria para el personal interino y laboral temporal —que suman unos 5.500 trabajadores públicos—. La medida, sin embargo, no se comenzará a aplicar de inmediato, sino que se irá aprobando, según las necesidades de la Xunta, en los Consellos de Gobierno. Esta propuesta se enmarca en la idea de Feijóo de pedir “a los que tienen trabajo fijo” que sean solidarios.

La jubilación de los funcionarios será forzosa para los empleados que lleguen a la edad legal, pero podrán solicitar que se prolongue su permanencia en activo, con peticiones que se renovarán cada año, hasta la edad tope. La Xunta suspenderá también las ayudas de acción social en todos los casos excepto en situaciones de discapacidad, que cobrarán un máximo de 180 euros al mes.

Estas medidas supondrán un ahorro de 80 millones al año para la Xunta, que no ha especificado cuánto evita gastar con cada medida. El decálogo es todavía una propuesta que el Ejecutivo espera negociar rápido, en un máximo de 15 días, con los sindicatos para que empiecen a aplicarse cuanto antes, como explicó ayer la consellería de Facenda, Elena Muñoz, después de reunirse con representantes de UGT, CC OO, CSIF y CIG. Estos dos últimos sindicatos ya han anunciado movilizaciones. “No son cerradas [las medidas] y estamos dispuestos a llegar a consenso”, recalcó la conselleira, que prometió, como ya hiciera Feijóo el jueves, “no tocar” las retribuciones de los empleados públicos. Sin embargo, Muñoz afirmó que no puede asegurar que estas medidas de recorte vayan a ser las últimas y que la Xunta está a la espera de conocer los datos de crecimiento previstos para 2012 y los ingresos de la comunidad. “En estos momentos no podemos cerrar ninguna posibilidad. Podemos ser proactivos y tomar medidas para evitar ajustes en el ámbito social”, apuntó.

 CIG y CSIF anuncian movilizaciones contra los  recortes a los funcionarios

Además de eliminar retribuciones durante las bajas por enfermedad, los funcionarios verán reducidos sus días de libre disposición, que pasarán de nueve a seis. La Xunta argumenta que así se equipararán estas libranzas con las que marca el Estado, mientras los sindicatos alegan que habitualmente no se cubren, por lo que el ahorro “es ficticio”. “En la mayoría de centros nunca se cubren esos días, diría que en un 60% y un 75% no se hace, sino que los trabajadores se arreglan entre ellos”, apunta José Vázquez, portavoz de Administración Pública de UGT. Esta decisión ya era conocida, así como la supresión del plus de altos cargos. La desaparición de este complemento por destino, que cobran 142 personas y supone alrededor de un millón de euros al año, es la medida que tiene mejor aceptación por parte de los sindicatos —que la tenían como reivindicación habitual desde que se instauró en 2007—, la que más y mejor publicitó el presidente de la Xunta y la única en la que se ha dejado claro que es temporal. Solo se prolongará el tiempo que se pacte con los sindicatos porque, dice Feijóo, supondría una discriminación respecto a los funcionarios que ocupasen un puesto de alto cargo en otra Administración pública.

Los representantes sindicales criticaron que la Xunta no haya llevado las propuestas a la mesa de negociación y se haya saltado el cauce habitual de negociación. Los sindicatos tienen hasta el martes para presentar sus enmiendas —CSIF y CIG ya han anunciado que van a pedir su completa retirada—, que se debatirán el miércoles en la mesa de empleo público. “Son auténtica demagogia barata que solo pretende esconder la incapacidad del presidente de la Xunta de sacar a Galicia de la crisis”, criticó la CSIF. Para Santamariña, representante de CIG, el decálogo “supone una regresión en cuanto a derechos adquiridos, alguno de ellos consolidado desde los años sesenta y setenta del siglo pasado, como es eliminar el complemento de las bajas por incapacidad, penalizando así a los trabajadores por el hecho de estar enfermo”. Coincide José Vázquez, de UGT, en que esta medida “ataca a los más débiles” e insiste en que “no es un privilegio” sino un derecho que “cubren la mayoría de los convenios”. Desde CC OO, Ramiro Otero rechaza de plano las medidas porque teme que vayan a tener continuidad en el Estado. Considera que “volver a atacar” a los funcionarios “no es la solución para la crisis, sino buscar más ingresos y cambiar el modelo”.

La Xunta podrá imponer a  interinos reducciones de jornada y sueldo