Puig convierte el comité de ética de la policía en un mero órgano asesor
Interior delega en un grupo de trabajo la redacción del nuevo código de conducta
Una de las primeras iniciativas del consejero de Interior, Felip Puig, al asumir su cargo fue acabar con el código ético de la policía; pero con la promesa de hacer uno nuevo, fruto del consenso que el anterior no tenía. Ayer salió a información pública el proyecto de reforma del comité de ética (que redactó ese código). Lo transforma en un órgano con una “naturaleza eminentemente asesora” y con la voluntad de ser un instrumento de “investigación en materia de deontología policial y consulta” para los organismos competentes en formación y seguridad. También destaca su papel en la “reflexión ética” sobre los “problemas que afectan a la práctica policial”.
La reforma desvirtúa el espíritu del comité que creó el anterior consejero de Interior, Joan Saura (ICV). El órgano, que se constituyó en 2007, tenía como principal función elaborar el código de ética, pedir explicaciones de las actuaciones policiales que pudiesen contravenir la norma, elaborar un informe anual público que diese cuenta del respeto al mencionado código por parte de la policía e incluso informar a la fiscalía si detectaba comportamientos contrarios a la ética. La reforma del reglamento de funcionamiento del órgano acaba con todo ello.
“El comité se encargará de velar por el cumplimiento de ese código, pero no será el responsable de elaborarlo”, esgrimió ayer una portavoz de Interior. Y aseguró que el organismo será su “máximo garante” y podrá “impulsar recomendaciones”. “Se ampliará el debate ético”, añadió.
El comité de ética está suspendido desde enero de 2011, cuando tres de sus miembros dimitieron
El departamento que dirige Puig encargará a un grupo de trabajo, formado por técnicos de Interior, policías y expertos ajenos a la Administración, la redacción de ese nuevo manual de conducta para la policía catalana (tanto Mossos d’Esquadra como policías locales).
El comité de ética está, de hecho, suspendido desde enero del año pasado, cuando tres de sus miembros dimitieron después de que Puig derogase el código que habían impulsado. El diputado de ICV Jaume Bosch tachó ayer de “tomadura de pelo” que Interior haya tardado un año en sacar a información pública una reforma que “vacía de contenido” el órgano. “El comité tendría que haber desempeñado un papel decisivo en los episodios de la plaza de Catalunya, del Parlament y de la Ciudad de la Justicia”, lamentó Bosch, en referencia a los enfrentamientos de los Mossos con los indignados. El director general de la policía, Manel Prat, y la exconcejal de Seguridad de Barcelona Assumpta Escarp están imputados por la brutal limpieza de la plaza de Catalunya del pasado 27 de mayo, que acabó con 120 heridos (36 de ellos mossos).
Bosch anunció ayer que pedirá la comparecencia del consejero de Interior para que explique “por qué ha desvirtuado el sentido del comité”. Su grupo parlamentario presentará también una alegación al proyecto, proponiendo como texto alternativo la anterior regulación del órgano.
El código tardará todavía en ver la luz. El borrador del comité se encuentra en fase de información pública. Una vez que se apruebe definitivamente, se creará el grupo de trabajo que deberá elaborar la nueva norma ética para la policía catalana.
Una norma sin apoyo de los Mossos
El código ético elaborado por el comité, que presidía el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, nació con la intención de ser un manual de buenas prácticas que sometiese a una evaluación anual el comportamiento de la policía catalana, tanto Mossos d’Esquadra como policías locales. Era una medida pionera en España y contaba con el apoyo del entonces consejero de Interior Joan Saura (ICV), que lo propuso después de que trascendiesen varios episodios de abusos policiales. Pero tardó tres años en ver la luz y casi no llegó a aplicarse.
Mientras se tramitaba, topó con los alcaldes, que en 2009 se negaron a que Interior vigilase las malas prácticas en que pudieran incurrir las policías locales. Lo leyeron como un “sometimiento a los Mossos”, según afirmó entonces un portavoz del Ayuntamiento de Barcelona. “Nuestro código ético funciona bien”, advirtieron en Reus, lo mismo que en Tarragona y Lleida. Pero Interior no dio marcha atrás.
En abril de 2010 lo llevó al consejo de policía, pero una amplica mayoría votó en contra. El pronunciamiento, sin embargo, no era vinculante e Interior siguió adelante y aprobó la norma al final de su mandato. Los sindicatos policiales reclamaron la dimisión de Villarejo, que finalmente abandonó a finales de enero del año pasado, cuando el recién nombrado consejero de Interior, Felip Puig, derogó el código. Esgrimió que no tenía suficiente consenso y que coaccionaba a la policía, extremo que Villarejo negó: era un manual de buenas prácticas sin potestad para sancionar.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
