Dos años y dos meses sin ayuda

Si José Francisco Torres se llamase Astérix y tuviese que enfrentarse a las 12 pruebas, no se habría perdido en la burocracia romana. Maneja con soltura todas las fechas, las reclamaciones, los documentos sellados e incluso los recortes de periódico relacionados con la Dependencia con los que ha ido construyendo el expediente de su madre. Lleva esperando una ayuda desde 2009 que cubra los gastos de la residencia en la que vive su madre Rosario López, de 81 años, en el municipio de Riaza (Segovia). Y lo que le queda.

Hasta el momento solo ha completado el primero de los tres pasos para acceder a la prestación: el reconocimiento del grado de dependencia. Su madre padece artrosis generalizada con predominio intenso en las dos caderas y las dos rodillas, por lo que está calificada como dependiente de grado 2 nivel 2 desde el 28 de abril de este año. Camina con muletas en las distancias cortas pero necesita andador cuando tiene que recorrer unas decenas de metros. Todavía falta por abrir el Programa Individual de Atención que determinará el tipo y la cuantía de la ayuda que le corresponde y, por último, empezar a recibirla. Al menos le queda el consuelo de que ya no le pueden afectar los recortes recién anunciados por el Gobierno de Mariano Rajoy para dejar de financiar a nuevos dependientes moderados.

Las 12 pruebas de José Francisco comenzaron en marzo de 2009 cuando presentó, como representante legal de su madre de 81 años, la solicitud de ayuda en la Dirección General del Mayor de la Comunidad de Madrid. Pasaron 25 meses hasta que le fue reconocida la situación dependencia. Un plazo que cuadruplica el máximo aprobado por el gobierno de Aguirre: seis meses.

Como esta es una historia de fechas, la Comunidad toma como punto de partida del plazo la entrada en registro de una segunda solicitud que los hijos de la mujer minusválida presentaron en la Dirección General de Coordinación de Dependencia en noviembre de 2009. Un portavoz de la Consejería de Asuntos Sociales asegura además que fue imposible contactar con ellos durante un año.

Hasta el 25 de febrero de 2011 —15 meses después de la segunda solicitud—, no se tuvieron noticias de la familia de Rosario López, según la misma fuente. Sin embargo, José Francisco Torres presentó una reclamación en julio de 2010 denunciando que había pasado ya nueve meses desde que pidió la prestación y otra más en octubre del mismo año.

Finalmente se le reconoció el grado de dependencia. Paso 2: determinar la ayuda. Pasados más de ocho meses, la Comunidad aduce que no puede concederle la ayuda a Rosario López ya que la residencia en la que vive está ubicada en Castilla y León. Así se lo comunicaron a la familia el pasado mes de julio, cuando este dato consta en la primera solicitud que se presentó en 2009. La familia decidió ingresarla temporalmente en este centro porque era el más cercano que se podían permitir. Pasados los años, su estancia ha dejado de ser temporal y por eso, se ha pedido el traslado del expediente a los servicios de Dependencia del Gobierno de la comunidad autónoma vecina.

No obstante, la familia Torres ha presentado una reclamación por daños y perjuicios: “El que la hace la paga”.